En la inauguración del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial Aplicada a la Justicia y Derechos Humanos, celebrado en Montería, Córdoba, el defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, hizo un llamado enfático a la protección de los derechos ciudadanos en la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el sistema judicial colombiano.
Durante su intervención, Balanta Mina explicó la importancia de que, aunque las tecnologías emergentes, especialmente la IA, tienen el potencial de enriquecer y optimizar el proceso de toma de decisiones en el ámbito judicial, es crucial que su aplicación esté sujeta a un marco regulatorio estricto. Destacó que, para evitar posibles vulneraciones a los derechos fundamentales, es indispensable establecer límites claros y normativas que aseguren un uso ético y responsable de estas herramientas avanzadas.
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En referencia a la Sentencia T-323 de 2024 emitida por la Corte Constitucional, el defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, hizo hincapié en que la inteligencia artificial no está destinada a sustituir la función del juez en la toma de decisiones judiciales, independientemente de la complejidad del caso en cuestión.
Según la sentencia, la IA debe ser vista como una herramienta de apoyo, y no como un reemplazo del juicio humano en el ámbito judicial. Balanta Mina también enfatizó la necesidad de contar con una infraestructura tecnológica sólida para garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales durante el proceso judicial.
En su discurso, abordó la importancia de enfrentar los desafíos éticos que surgen con el uso de estas tecnologías, en particular los relacionados con la privacidad de los individuos y la equidad en el acceso a la justicia. Señaló que, para salvaguardar el debido proceso, es esencial establecer mecanismos que aseguren que la implementación de la IA no comprometa estos principios fundamentales.
El evento, coordinado por la Defensoría del Pueblo en colaboración con la Alcaldía de Montería, será el punto de partida para un seguimiento exhaustivo del empleo de la inteligencia artificial en el sistema judicial. Su objetivo principal es garantizar que esta tecnología no infrinja los derechos humanos esenciales, estableciendo un marco para la supervisión continua y la evaluación de su impacto en la justicia.
El debate de la medida
En redes sociales hubo opiniones divididas sobre el uso de la IA en la justicia. Por un lado, quienes apoyan la medida argumentan que la IA tiene el potencial de transformar positivamente el sistema judicial al hacer que los procesos sean más eficientes y menos susceptibles a errores humanos.
Estos defensores creen que, al utilizar inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, los jueces pueden acceder a análisis más precisos y detallados, lo que podría mejorar la calidad de las decisiones judiciales. Además, subrayan que podría ayudar a reducir el congestionamiento en los tribunales, acelerando la resolución de casos y asegurando un acceso más rápido a la justicia para todos los ciudadanos.
Sin embargo, quienes se oponen a la medida, incluidos muchos expertos en derechos humanos y tecnología, expresan preocupaciones profundas sobre las posibles implicaciones éticas y legales. Uno de los principales argumentos en contra es que la IA, a pesar de su sofisticación, no puede replicar el juicio humano necesario en la toma de decisiones judiciales, especialmente en casos complejos que requieren una interpretación profunda de las circunstancias y de la ley.
Según estos críticos, confiar demasiado en la herramienta podría llevar a decisiones deshumanizadas y potencialmente injustas, vulnerando los derechos fundamentales de las personas involucradas.
Además, hay preocupaciones sobre la privacidad y la equidad en el acceso a la justicia. Los detractores temen que la falta de una infraestructura tecnológica robusta y regulaciones adecuadas podría resultar en una aplicación desigual de la justicia, donde ciertos grupos podrían ser más susceptibles a decisiones injustas basadas en algoritmos.
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