Militares retirados están indignados con la atención de exguerrilleros en el Hospital Militar: “Afecta la moral”

La Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura, que agrupa a sesenta y ocho federaciones, asociaciones y fundaciones de la reserva, veteranos, víctimas y pensionados de la fuerza pública, comunicó a sus miembros y a la opinión pública los resultados de una reciente reunión clave con el Gobierno.

El principal objetivo del encuentro fue discutir el Convenio No 056 de 2024, suscrito por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud y Protección Social, y Fondopaz. Este convenio tiene como propósito garantizar la atención médica para excombatientes de las Farc que presenten discapacidades en el Hospital Militar Central de Bogotá.

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La reunción se llevó a cabo el 16 de agosto en las instalaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Fuerza Militar (Acore) y reunió a delegados de Fuerza Púrpura, Veterpaz, el Consejo de Veteranos, la Red Nacional de Veedurías de Salud, y el Club Héroes de Honor. La reunión contó con la participación de la Doctora Ana Catalina Cano Londoño, la viceministra de Veteranos y del GSED, el mayor general Carlos Rincón Arango, director del Hospital Militar Central, así como funcionarios del Ministerio de Defensa.

Durante el encuentro, los voceros de las organizaciones presentes expusieron sus preocupaciones y desacuerdos sobre la atención de esta población, argumentando que esto contribuye a la “revictimización de héroes heridos en acción, a la ofensa al personal militar activo y retirado”, y presenta “riesgos para la seguridad de los usuarios y las instalaciones del hospital”.

Uno de los puntos más debatidos fue la posibilidad de que la atención de los exguerrilleros en el Hospital Militar Central pudiera generar riesgos psicosociales para las víctimas de la violencia, incluyendo la reactivación de síntomas de trastornos por estrés postraumático.

Los delegados también expresaron preocupaciones sobre posibles escenarios de violencia o confrontación, así como sobre la afectación de la moral, el honor y la dignidad institucional del personal militar. Además, se cuestionó la viabilidad de que los exguerrilleros sean atendidos en un espacio diferente al Hospital Militar, como una recomendación sustancial para evitar estos problemas.

De acuerdo con un comunicado emitido por Fuerza Púpura, la viceministra Ana Catalina Cano Londoño se comprometió a considerar las inquietudes y argumentos presentados durante la reunión en las decisiones sobre la implementación operativa del Convenio 056.

Según los militares retirados, “El Ministerio de Defensa considerará las exposiciones de los reservistas, veteranos y víctimas en las determinaciones sobre la implementación operativa del convenio 056 y en el acuerdo de servicios que se ha de generar para cumplimiento del mismo”.

Así mismo, Fuerza Púrpura reafirmó su compromiso de mantener informados a sus representados sobre la evolución de este importante tema. La mesa de trabajo enfatizó su dedicación a luchar por los intereses de la reserva, veteranos, víctimas y pensionados de la fuerza pública, y se comprometió a seguir vigilando el desarrollo de las decisiones que se tomen respecto al convenio y su implementación.

Cabe recordar que, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia también manifestó su tajante oposición a la decisión del Gobierno de permitir que exguerrilleros de las Farc reciban atención en el Hospital Militar Central.

“Este rechazo total a la medida gubernamental afecta profundamente la moral de nuestra institución militar, socavando el sacrificio y la dedicación de quienes han servido en nuestras Fuerzas Militares. Es inaceptable que reciban atención en el mismo hospital que las personas que han protegido y defendido el bienestar de todos los colombianos”, indicaron en un comunicado oficial.

Los argumentos de los altos oficiales retirados se basa en dos argumentos principales. En primer lugar, argumentan que los excombatientes de las Farc han cometido “graves crímenes contra la sociedad colombiana, incluyendo asesinatos y secuestros”, lo que, según ellos, contraviene los principios de justicia y legalidad del país.