Gobernadores encendieron las alarmas por presencia de grupos amados en su territorio: “Se están aprovechando del Gobierno”

Los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y de Santander, Juvenal Díaz, advirtieron del accionar de grupos criminales en sus departamentos que están en diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los llamados de atención remitidos a la Casa de Nariño señalan la manera en que se están dando los acercamientos con el Clan del Golfo y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ya que pese a los compromisos que se intentan construir su accionar ilegal sigue golpeando a la población civil.

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En ese sentido, el gobernador Rendón dijo que, “abrirle las puertas a una negociación con el Clan del Golfo es una cachetada a los antioqueños. La violencia en el Nordeste, Bajo Cauca y en el Oriente del departamento arrecia por la presencia de este grupo criminal que posa de contrainsurgente. Es, además, una burla a nuestra Fuerza Pública”, precisó.

Al mismo tiempo, aseguró que, “el único interés de esos criminales es competirse las rentas criminales, por el tráfico de estupefacientes y minería ilegal, con los que posan de insurgentes”.

Desde su perspectiva, “se debería redoblar el accionar militar contra esas organizaciones para garantizar la seguridad de la población civil”. De hecho, “en Antioquia estaría operando alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan y responsable de varios atentados en esa región”, agregó el mandatario regional, militante del opositor Partido Centro Democrático.

Con una visión similar, el gobernador Díaz advirtió de la presencia de una fracción disidente que se cubre, bajo el comando del Magdalena medio, que intimida a la población civil de esta región. Además de asegurar que ya se identificó a un sujeto con el alias de El Paisa como responsable de ese grupo en Santander.

“Se están aprovechando de la buena voluntad del Gobierno nacional intimidando a la población civil”, señaló el gobernador, resaltando que, “no tiene el control territorial de este sector”.

A propósito, Díaz se refirió a una incursión de esa estructura al margen de la ley al municipio de Puerto Wilches el pasado 7 de agosto de 2024, donde se grabaron videos en el casco urbano y según el mandatario departamental amenazaron a los pobladores.

“Qué tal estos bandidos, no solo abusan de la voluntad de paz del Gobierno violando el cese de hostilidades, sino que creen que nos van a intimidar con sus amenazas. Es necesario que el mecanismo de monitoreo y verificación actúe, ya son varias las cartas que hemos enviado”, precisó Díaz.

Antioquia y Santander no son los únicos departamentos golpeados por estos grupos armados que están en acercamientos con el Gobierno del presidente Petro. Precisamente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene una mesa de diálogo suspendida, decretó un paro armado a partir del 11 de agosto en el sur del Chocó, zona donde tiene una guerra con el Clan del Golfo y las disidencias por el control del narcotráfico y la minería ilegal.

Esta disputa afecta a unas 50.000 personas, víctimas de las intimidaciones del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, también a los municipios de Istmina, Sipí, Nóvita y Medio San Juan, que se encuentran en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, además de la carretera que conecta a Nóvita con Torrá.

“Las unidades del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN seguimos en defensa de las comunidades y el territorio, cumpliendo nuestro deber y compromiso revolucionario, como prevención para evitar que la población se vea afectada en el desarrollo de operaciones defensivas”, señaló la estructura.

Igualmente, indicaron que “el Clan del Golfo tendría acciones criminales con la complicidad de las fuerzas armadas, lo que habría llevado a tomar la decisión de confinar a estas comunidades, para demostrar su poderío en el territorio”.