Gobierno aseguró que $30.000 millones requeridos para recuperar el Metrolínea de Bucaramanga “no son su responsabilidad”

En 2010, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea inició sus operaciones en el Área Metropolitana de Bucaramanga con una expectativa ambiciosa: atender a más de 400,000 santandereanos diariamente.

Sin embargo, desde su creación y durante los últimos 14 años, el sistema ha enfrentado múltiples desafíos. El número máximo de pasajeros que ha logrado transportar diariamente es de aproximadamente 144.000, lo que ha comprometido su sostenibilidad operativa.

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De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en términos de infraestructura, se han destinado cerca de $1 billón, de los cuales la Nación ha cofinanciado $693,000 millones. Según Metrolínea, todas las inversiones cofinanciadas se han completado y pagado al 100%, aunque el Portal de Floridablanca no fue parte de esta cofinanciación, la infraestructura del sistema ha sido desarrollada en su totalidad según el diseño original.

Actualmente, el SITM Metrolínea atiende a unos 18,000 pasajeros al día. Este descenso en la demanda se ha visto agravado por problemas como la ejecución de contratos, la vandalización de estaciones, la escasa oferta de vehículos y frecuencias de servicio insuficientes. Estas dificultades han impedido que el sistema logre un nivel adecuado de servicio para la demanda de transporte del Área Metropolitana y cubra sus costos operativos y de nómina, además de no utilizar plenamente la capacidad de la infraestructura construida.

Para enfrentar la crisis financiera, Metrolínea se ha acercado a sus acreedores bajo la Ley 550 de 1999, pero sin resultados satisfactorios. En respuesta, el Ministerio de Transporte, junto con la Superintendencia de Transporte y el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, convocaron reuniones con las autoridades territoriales que firmaron el convenio de cofinanciación. En dichas reuniones, realizadas en mayo y julio de 2023, se destacaron las preocupaciones sobre la prestación del servicio de transporte masivo y se solicitó un plan de acción para recuperar el SITM.

Con la ministra María Constanza García Alicastro al frente, el Ministerio de Transporte ha buscado dialogar con las autoridades de Metrolínea, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y los equipos de las alcaldías de Girón, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, así como la Gobernación de Santander. En estas mesas de trabajo, el AMB y Metrolínea han presentado tres alternativas para la recuperación del sistema, aunque han señalado la necesidad inicial de $30,000 millones para comenzar a implementar las soluciones.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte aseguró que la responsabilidad de gestionar estos fondos no recae en el Gobierno nacional, ya que el marco normativo establece que la autoridad de transporte es el Área Metropolitana de Bucaramanga. Por ello, la cartera insistió en que cualquier alternativa seleccionada debe asegurar la prestación del servicio de transporte con un nivel adecuado de calidad y solucionar los problemas laborales de los trabajadores del sistema: “Es urgente que la alternativa que definan los municipios socios del Sistema, en el marco de su autonomía y sus competencias, se implemente a la brevedad posible para atender la problemática actual”.

Finalmente, el Gobierno nacional manifestó su disposición para apoyar al Área Metropolitana de Bucaramanga y sus municipios en la estrategia de recuperación del SITM mediante el convenio de cofinanciación vigente y asistencia técnica conforme a las soluciones propuestas. Se contempla el uso de instrumentos del Plan Nacional de Desarrollo para apoyar la operación y el desarrollo de infraestructura multimodal, cero emisiones y de conectividad social.

Cabe recordar que, la empresa Metrolínea S. A. está a punto de enfrentar un proceso de liquidación debido a la falta de acuerdo con su principal acreedor, Estaciones Metrolínea. Este conflicto financiero se remonta a una sentencia del tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en febrero de 2016, que obligó a la empresa a pagar más de $144.000 millones por incumplimientos en la construcción del Portal de Papi quiero piña (PQP).

Los problemas comenzaron cuando la comunidad de Ciudadela Comfenalco presentó una acción popular que llevó a la paralización de las obras en el portal. A partir de ese momento, la deuda de Metrolínea no ha hecho más que aumentar, superando actualmente los $508.000 millones debido a intereses y otros fallos judiciales relacionados con el caso.