En una audiencia, la Fiscalía General de la Nación desentrañó el entramado corrupto que involucra a altos funcionarios y exfuncionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entre ellos, Olmedo López y Sneyder Pinilla, además del empresario Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Karateka.
La investigación puso en evidencia las ilícitas estrategias utilizadas para asegurar contratos millonarios, con numerosas empresas bajo el control de López Rosero en el centro de la trama.
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La Fiscalía presentó pruebas contundentes que revelan la creación de treinta empresas por parte de Luis Eduardo López Rosero, en las cuales figuran miembros de su familia, incluyendo su esposa Sandra Liliana Brand Pantoja y su hija Karen Margarita López Brand.
“El entramado societario manejado por López Rosero ha sido utilizado para obtener ilegalmente contratos lucrativos con la Ungrd”, indicó el ente acusador.
Durante la audiencia, también se mostró la primera imagen de Roger Pastas Fuertes, un empleado de López Rosero, que aparece como el supuesto propietario de Impoamericana Roger Sas, una empresa que suministró carrotanques sobrevalorados a la Ungrd.
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Luis Eduardo López Rosero utilizó seis de las treinta empresas bajo su control para firmar contratos con la Ungrd, incluyendo la compra de cuarenta carrotanques a un costo exorbitante de 46.800 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía, estos hechos comenzaron a fraguarse desde junio de 2023, cuatro meses antes de que iniciara el proceso contractual.
En una reunión el 5 de octubre de 2023, intermediada por Pedro Rodríguez Melo, asesor de Olmedo López y recomendado por el embajador colombiano en Argentina, Camilo Romero, se selló el acuerdo para esta compra inflada. López Rosero se comprometió a proveer 26.000 tejas de zinc para Chocó, un contrato vital de cara a la visita del presidente Gustavo Petro a la región.
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Según los registros exhibidos por la Fiscalía, las coimas derivadas de este esquema suman sumas millonarias. Pedro Rodríguez Melo habría recibido 1.000 millones de pesos, mientras que Sneyder Pinilla aseguró 5.342 millones, de los cuales apartó 292 millones para él mismo. Con parte del dinero, Pinilla canceló un préstamo supuestamente destinado a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle. La cifra restante, 724 millones de pesos, fue para Olmedo López.
Ante tales revelaciones, la abogada de la empresa Kenworth de la Montaña, una de las proveedoras del controversial contrato de carrotanques, insistió en que “López Rosero movía las fichas de la Ungrd como en un tablero de ajedrez,” solicitando además prisión intramural para los acusados.
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La decisión sobre el lugar de reclusión de los implicados se tomará el próximo 31 de agosto.
La W Radio informó que desde el 25 de julio, la Fiscalía imputó cinco delitos a López, Pinilla, y Olmedo López, uno de ellos siendo concierto para delinquir. Este cargo refleja la supuesta organización destinada a cometer los actos delictivos revelados en la acusación.
Según la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, la corrupción desentrañada comenzó con una visita presidencial a La Guajira, en la que participaron Olmedo López y Pedro Rodríguez. A partir de ahí, se dieron los primeros pasos para cotizar los carrotanques con la empresa Kenworth de la Montaña, bajo las órdenes de Rodríguez.
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La narración de los hechos, mencionada por el medio, ya citado, continuó detallando que en septiembre de 2023, Sneyder Pinilla accedió a propuestas contractuales directamente con Luis Eduardo López, buscando resolver las deudas adquiridas durante gobiernos anteriores. “Pedro Rodríguez me informó en septiembre que ya tenía al proveedor para suministrar ochenta carrotanques y que en el negocio ‘iban a ganar todos’”, indicó Pinilla.
Además, se reveló que Carlos Ramón González, director del Dapre, ordenó contratos destinados a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. La distribución de contratos y coimas resultó en desviaciones significativas de recursos, confirmando la existencia de una “organización criminal”.
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En la audiencia también se mencionó la participación de funcionarios aún no judicializados, como Pedro Rodríguez, el director del Departamento de la Función Pública, César Augusto Manrique, y el subdirector Luis Carlos Barreto. Los delitos imputados incluyen peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, y falsedad ideológica y documental.
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