La reciente visita del presidente Gustavo Petro a Antioquia generó controversia debido a sus declaraciones sobre la finalización de la carretera hacia el corregimiento de El Aro en Ituango.
El presidente hizo un llamado a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), afirmando que si la entidad no es capaz de concluir la obra, el Gobierno nacional intervendrá para hacerlo.
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Durante su discurso, Petro enfatizó que la construcción de esta carretera es una “orden presidencial” y sugirió que, si es necesario, las Fuerzas Militares podrían participar en la ejecución del proyecto, calificándolo como un “acto de paz”.
Estas declaraciones estuvieron acompañadas de críticas a la Gobernación por la situación del centro de salud en el corregimiento, insinuando que si las autoridades locales no pueden garantizar la prestación de los servicios de salud, el Gobierno nacional intervendrá para asegurar que estos lleguen a la comunidad.
En respuesta a las declaraciones del presidente, EPM aclaró su posición respecto al proyecto. La empresa informó que su responsabilidad se limita a las obras de la vía industrial hacia el depósito El Aro, una carretera que mejora la conectividad de los habitantes de este corregimiento con los municipios cercanos. EPM explicó que el proyecto en cuestión abarca 2,9 kilómetros de vía industrial, que incluye un puente vehicular de 25 metros sobre la quebrada El Aro. Actualmente, 32 personas están vinculadas al desarrollo de este proyecto.
EPM también aprovechó la oportunidad para instar a los gobiernos nacional, departamental y municipal a cumplir con su parte en la construcción de los 5,2 kilómetros restantes de la carretera, que son necesarios para conectar la vía industrial con el centro del corregimiento. La empresa destacó que esta responsabilidad recae exclusivamente en dichas autoridades.
En cuanto al progreso de la obra, EPM informó que hasta el momento se ha logrado la apertura de 300 metros de la nueva vía. Sin embargo, las labores se han visto obstaculizadas por la presencia de 11 derrumbes en la zona, lo que ha complicado el avance de los trabajos. A pesar de estos desafíos, el contratista Urbanika SAS continúa activo en el proyecto, realizando tareas como el transporte de materiales a la región.
El anuncio del presidente Petro y la respuesta de EPM ponen en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional y las entidades locales en cuanto a la responsabilidad de infraestructura crítica en regiones afectadas por la falta de conectividad y servicios básicos.
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La insistencia del presidente en tomar medidas directas si las entidades locales no cumplen con sus responsabilidades subraya su compromiso con la implementación de proyectos de infraestructura como una forma de garantizar la paz y el desarrollo en las zonas más vulnerables del país.
La situación sigue en desarrollo, y la comunidad antioqueña de El Aro espera la culminación de un proyecto que es vital para su acceso a servicios y su integración con el resto del departamento de Antioquia.
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