El sindicato de Defensores de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sidefam) anunció que llevará a cabo un paro a nivel nacional que comenzará este jueves 25 de julio a las 8 de la mañana y se extenderá hasta el viernes 26 de julio.
Esta medida busca llamar la atención sobre el incumplimiento de compromisos laborales por parte de la entidad. A este cese de actividades también se vincularon otros sindicatos de la entidad.
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Rafael Báez, presidente de Sidefam, señaló que “hace ya más de 17 años que viene incumpliendo las obligaciones que le impuso el legislador”. Báez denunció que las Defensorías de Familia no cuentan con el equipo interdisciplinario mínimo establecido por la ley, que debería incluir a psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas.
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Según Báez, “se ha vulnerado casi la totalidad del inventario de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes”, particularmente el derecho a la dignidad humana. Añadió que muchas instalaciones donde se atienden a las familias no garantizan la intimidad y honra que se merecen.

El presidente del sindicato destacó la falta de personal especializado, a pesar de las constantes solicitudes. “Nuestro país debería contar con 5.270 Defensorías de Familia, pero actualmente el Icbf solo tiene 1.417 cargos, muchos de los cuales están vacantes”. Esto, dijo, crea un déficit de 3.853 defensores y dependencias necesarias.
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Así mismo, Báez resaltó la necesidad de nivelación salarial, ya que los salarios actuales son insuficientes en comparación con la responsabilidad y carga laboral que enfrentan. Báez explicó que algunos profesionales, como nutricionistas y psicólogos, están atendiendo múltiples defensorías a la vez, lo que resulta insostenible y compromete la calidad de la atención.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) emitió un comunicado en el que afirma respetar la convocatoria a movilización y protesta, pero rechaza el cese de actividades. “El servicio público de Bienestar Familiar es esencial, y la suspensión de procesos puede afectar a un número significativo de niñas, niños y adolescentes”, dice el documento. Y se agrega: “No podemos aceptar parálisis de ningún tipo en la atención”.
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Además, el Icbf reconoció la necesidad urgente de atender las deficiencias señaladas por los sindicatos. Estas incluyen tanto la falta de personal como las condiciones deplorables de las instalaciones. Rafael Báez afirmó que “muchos centros zonales carecen de las condiciones mínimas para operar, con instalaciones en mal estado”.
El impacto del paro no se extenderá a los jardines infantiles, pero sí a otros servicios, lo que podría agravar las vulneraciones a derechos señaladas por los defensores de familia. “El tiempo de espera para una citación por una conciliación para el establecimiento de cuotas alimentarias en Bogotá ha pasado de un mes a once meses”, dijo Báez, indicando lo crítico de la situación.
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El marco legal también cambió con la Ley 2126 de 2021, la cual introduce nuevas funciones para las Defensorías de Familia. Sin embargo, solo 385 de las 1.200 defensorías existentes en el país están completas, creando así una situación que impide la adecuada restitución de derechos a los menores de edad.
“A pesar del aumento del presupuesto del Icbf de 8,6 a 11 billones de pesos, estos fondos no se reflejan en mejoras”, denunció Báez. La falta de recursos humanos y la precariedad de las instalaciones afectan gravemente la eficiencia y efectividad del servicio, algo que el sindicato considera necesario resolver de inmediato para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia en Colombia.
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Qué dijo el Icbf con respecto a la convocatoria de paro

El Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) expresó su pleno respeto por el derecho a la protesta, en concordancia con la Constitución Política, tras la convocatoria de movilización realizada por agremiaciones sindicales para los días 25 y 26 de julio. La entidad, sin embargo, pide que no se interrumpan los servicios esenciales.
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La Dirección General del Icbf informó que se invitó a una reunión a los representantes sindicales el 25 de julio a las 8:00 a.m. para dialogar sobre mejoras laborales. Aunque el encuentro se inició, en días anteriores, no se pudo concluir debido a la decisión de los líderes sindicales de retirarse. La administración lamentó que las agrupaciones convocantes no estuvieran dispuestas a sostener un diálogo abierto, según indicó la entidad en un comunicado.
En cuanto a las demandas planteadas por los líderes sindicales, la Dirección General destacó que está al tanto de la necesidad de ampliar la planta de personal del Icbf. Se presentaron avances y tomaron medidas para concretar este proceso, incluyendo reuniones quincenales con el objetivo de fortalecer los equipos de las Defensorías de Familias, según informó la institución.
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Las acciones específicas mencionadas incluyen la contratación de 862 profesionales en áreas como psicología, trabajo social y nutrición desde la tercera semana de julio, así como la vinculación de profesionales temporales para 113 Defensorías de Familia para el segundo semestre de 2024. También se aprobó el incremento de 436 profesionales para la supervisión de Primera Infancia y la compra y distribución de 5.600 computadores para las Defensorías de Familia.
Adicionalmente, se destinó un presupuesto de 9.000 millones de pesos para la cualificación y fortalecimiento técnico del personal, y se estructuró un proyecto para ampliar la planta en 5.156 plazas para 2025, según presentó la institución. Este proyecto, sin embargo, requiere un aumento en los recursos de funcionamiento, que ya fueron solicitados al Ministerio de Hacienda.
El Icbf aclaró que sigue comprometido con el acuerdo colectivo suscrito con las organizaciones sindicales el 30 de junio de 2023, cuyo seguimiento se realiza cada dos meses. Asimismo, resaltó la naturaleza esencial del servicio público de Bienestar Familiar, indicando que cualquier paralización de actividades podría afectar negativamente a un número considerable de niños, niñas y adolescentes.
La dirección del Icbf reiteró su disposición de mantener espacios de diálogo democrático y respetuoso con los funcionarios y organizaciones sindicales, subrayando que las peticiones pueden ser expresadas sin recurrir a la interrupción de servicios clave.
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