Un juez de control de garantías legalizó la captura de Henry Ledesma Carrillo, conocido como alias Hermes Boyaco, disidente que fue detenido por el Ejército mientras se movilizaba en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en carreteras de Antioquia.
La Fiscalía General de la Nación presentó la captura de alias Boyaco ante la juez tercera penal con funciones de control de garantías de Villavicencio, que aprobó la solicitud del ente investigador. Alias Boyaco enfrenta acusaciones por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
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Durante la diligencia judicial, la Fiscalía reveló que se encontraron varios elementos en posesión del capturado, incluyendo celulares, antenas y memorias USB, los cuales están ahora bajo custodia de los investigadores judiciales. La audiencia de alias Boyaco, donde se le acusa de al menos siete asesinatos en el Guaviare desde 2017, continuará el próximo 29 de julio. Durante la sesión inicial, el imputado no aceptó los cargos presentados en su contra por la Fiscalía.
El transporte de guerrilleros de las disidencias con órdenes de captura vigentes en vehículos oficiales generó conmoción y múltiples reacciones por parte de las autoridades. La Unidad Nacional de Protección (UNP) se pronunció ante la polémica, explicando: “En los vehículos de los esquemas es prohibido transportar personas con orden de captura, combatientes ni visitar áreas de guerra, como tampoco servir de apoyo logístico a actividades, transporte de pertrechos y elementos que afecten la política de paz”.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó el incidente como vergonzoso y delictivo, señalando: “Es una vergüenza, un delito y una tristeza que los recursos de los colombianos, representados en vehículos de la UNP, se destinen a proteger y movilizar a quienes tienen orden de captura. Es decir, la logística del crimen pagada por el Estado, mientras líderes sociales y Alcaldes están en indefensión”.
Los disidentes que se movilizaban en carros de la UNP
En una rueda de prensa, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que alias Boyaco, cabecilla de las disidencias de las Farc, es el tercer capturado en el departamento. Fue interceptado por el Ejército Nacional el martes 23 de julio, mientras se movilizaba en una de las siete camionetas blindadas de la UNP.
En esos vehículos también iban alias Érika y alias Firu, que fueron capturados dentro del batallón Pedro Nel Ospina del Ejército. Ambos son conocidos integrantes de las disidencias de las Farc.
Estas camionetas fueron detenidas en un retén del Ejército en el nordeste antioqueño. Al negarse las personas a bajar de los vehículos, fueron trasladadas a la unidad militar. Una vez las camionetas ingresaron al batallón, personal de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército iniciaron la inspección de los vehículos y la identificación de las personas en su interior.
Durante este reconocimiento, se identificó a alias Érika, vinculada a actividades delictivas en el departamento del Caquetá, y a Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc. Se sabe que alias Firu habría hecho alianzas con el ELN en Antioquia con el fin de eliminar a otros grupos criminales y controlar negocios de narcotráfico y minería ilegal.
Alias Firu es recordado por las estrictas y sanguinarias normas impuestas en varias localidades, incluyendo Guadalupe, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Amalfi, Anorí, y el Bajo Cauca. Este régimen tenía como objetivo simbólicamente “(…) aportar a la construcción de una verdadera paz con justicia”.
Entre las normas impuestas, estaba la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en áreas urbanas y rurales, con multas de $3.000.000 por infracción. Las invasiones de tierra tenían una sanción de $7.000.000 mientras que las riñas y la presencia de animales en establecimientos comerciales, así como menores de edad en lugares de venta de licor, tenían penalidades de 2.000.000 y 1.000.000 respectivamente.
Además, después de las dos de la mañana, el tránsito de vehículos estaba restringido. Si el conductor no lograba demostrar una emergencia, enfrentaba una multa de 3.000.000 y el decomiso del vehículo por un mes. Los deudores morosos debían realizar acuerdos de pago en un mes, de lo contrario, eran multados con $1.000.000.
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