Tribunal estudia apelación interpuesta por la defensa del expresidente Uribe por caso de presunto soborno a testigos

El Tribunal Superior de Bogotá comenzó el estudio de apelación que presentó el abogado Jaime Granados, defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pide declarar nulo el proceso contra Uribe por la presunta manipulación de testigos.

“En una imputación, en todos los casos que uno ve bajo la Ley 906, señoría, uno debe saber de qué lo imputan, ¿qué conforma esa imputación”, indicó Granados a W Radio.

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Y agregó: “¿Cuál es la precisión de la imputación?, todos sabemos que la imputación implica un acto de parte de la Fiscalía, que le comunica al que va a ser considerado como imputado, frente al juez de control de garantías, unos hechos jurídicamente relevantes de los cuales se puedan impedir provisionalmente unas consecuencias de imputación jurídica que luego se consolidan con la audiencia de formulación de acusación, previo escrito de acusación”.

El jurista señaló que no existe ninguna claridad sobre el tiempo, modo y lugar, en las que se habría cometido la conducta ilegal, motivo por el cual advirtió que al expresidente Uribe se le vulneró el derecho a la defensa.

De igual forma, precisó que, con las fallas que cometieron con la formulación de cargos, se fundamentó el escrito de acusación.

“No está claro qué se le imputó, no están claros los ribetes de la imputación. Todo lo contrario, justamente, a lo que es una formulación de imputación”, indicó Granados.

Además, expresó al citado medio que “La Fiscalía General de la Nación comunica la calidad de imputado, estableciéndose cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y precisa, en una audiencia pública frente al juez de control de garantías y en presencia de su defensor, para que sepa de qué se investiga y pueda ejercer su derecho de defensa desde ese momento si no lo hizo antes, pero acá no hay claridad”.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de nulidad, como la impugnación que sustentó la defensa del líder del Centro Democrático.

Queja de Iván Cepeda

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda confirmó que interpondrá una queja contra la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en medio del caso judicial que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión de Cepeda se debe a la solicitud que hizo la funcionaria ante la Corte Constitucional para revisar los detalles y pruebas que se han aportado al caso contra el líder del Centro Democrático.

“Interpondremos queja ante la Corte Suprema de Justicia contra la procuradora general de la Nación Margarita Cabello Blanco y le pediremos a la Corte Constitucional que inadmita la solicitud de revisión que esta presentó en relación con la tutela que le fue negada al abogado Diego Cadena”, afirmó Cepeda, en conjunto con su abogado Reinaldo Villalba.

De acuerdo con el parlamentario, la procuradora Margarita Cabello ha asumido un rol de defensa con el expresidente Álvaro Uribe y su exabogado Diego Cadena.

El malestar del legislador se debe al pedido que hizo la Procuraduría a la Corte Constitucional sobre la tutela interpuesta por Cadena donde reclamaba que las intercepciones fueron ilegales. El exmandatario ha argumentado que la información ha sido utilizada en su contra.

Según Diego Cadena, las intercepciones fueron ilegales, lo que llevó a una vulneración de los principios de confidencialidad. Por este hecho, el jurista ha presentado un gran número de acciones judiciales para que no sean utilizadas en la investigación que adelantan en contra de Uribe Vélez.

No obstante, Iván Cepeda ha manifestado tener otro punto de vista. Según él, “las interceptaciones estuvieron respaldadas por una orden judicial proferida por autoridad competente y con el lleno de las formalidades de ley”. El senador manifestó que en esas fechas, Cadena no era el abogado defensor del exmandatario.

Cepeda precisó que “‘la discusión versa sobre temas probatorios, que es, en últimas, el debate que pretende reabrir la parte accionante mediante esta acción constitucional’”.