La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, se reunió con el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño, para abordar los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en la selección de directores regionales y subdirectores.
Este encuentro se llevó a cabo luego de una visita de inspección por parte del Ministerio Público a la entidad educativa, donde se detectaron posibles anomalías en el concurso meritocrático en la etapa actual.
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Dentro de las presuntas anomalías destacadas se señaló que, aunque inicialmente el Sena contrató a la Escuela de Superior Pública (Esap) para gestionar todas las etapas del concurso, se tomó la decisión de que esta institución no realizara la última etapa del proceso, es decir, las entrevistas.
En consecuencia, el contrato con la Esap se habría dado por terminado de manera anticipada, circunstancia permitiría a los mismos funcionarios del Sena hacerse cargo del proceso final. Según la información difundida por La W, en algunas de estas entrevistas, ciertos aspirantes obtuvieron calificaciones extremadamente dispares, que habrían oscilado entre 4 puntos sobre 100 y 100 sobre 100.
La Procuraduría insiste en que hubo aparentes desproporciones
Durante la reunión con la procuradora Cabello, Jorge Eduardo Londoño se justificó bajo la afirmación de que la intención de asumir la parte final del proceso, es decir, el control de las entrevistas, habría estado fundamentada en un concepto que emitió Función Pública. No obstante, no satisfecha con esta versión, la Procuraduría, estas acciones presentaban varias posibles inconsistencias.
Ante tal situación, la procuradora delegada, Claudia Hernández, insistió en la necesidad de que el Sena proporcione toda la información pertinente relacionada con este concurso al ente investigador, aun cuando, antes de la reunión del director, el Ministerio Público había solicitado una rendición de cuentas, luego de identificar que el proceso podría estar viciado.
Por lo tanto, Margarita Cabello expresó que la medida de evaluar internamente a los aspirantes generaba dudas sobre la transparencia y objetividad del concurso.
Procuraduría investiga también contratos del Sena con Internexa
En junio de 2024, la Procuraduría también señaló la posible existencia de presuntas irregularidades en los contratos firmados en diciembre de 2023 entre el Servicio Nacional de Aprendizaje y la empresa Internexa S.A.
Según informó el ente acusador, el contrato suscrito el 28 de diciembre de 2023 tenía como objetivo “aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros para suscribir convenios y/o contratos derivados que permitan formular, estructurar, ejecutar, diseñar, implementar y articular estrategias que garanticen la continuidad de los Servicios TIC, infraestructura tecnológica y acceso a internet de todas las sedes del Sena”.
Sin embargo, el procurador delegado, Marcio Melgosa, indicó que en el proceso de suscripción de este convenio marco —que es un acuerdo entre uno o varios operadores econóicos, cuyo objetivo consiste en establecer las condiciones que regirán los contratos que se adjudicarán durante un periodo determinado, según definió la Red Interamericana de Compras Gubernamentales— no hubo participación ni pluralidad de oferentes, lo cual derivó en una contratación directa con Internexa S.A. por un valor de $65.381.813.000.
Según Melgosa, la empresa contratada no es la única que puede prestar los servicios requeridos y no se garantizó la integralidad ni la interoperabilidad como consecuencia del contrato. Además, se señaló que Internexa no fue identificada como posible proveedor en el mercado y aparentemente no posee la experiencia ni idoneidad necesarias para los fines del contrato.
A su vez, el 13 de julio, la Procuraduría señaló que, al menos, más de ocho millones de aprendices del Sena podrían quedarse sin acceso a servicios tecnológicos. El contrato actual vence el 31 de julio del 2024 y la licitación para su renovación está suspendida, sin claridad sobre cómo garantizar la continuidad de los servicios.
En ese sentido, la Procuraduría exhortó a los directivos de la institución de educación técnica y tecnológica a establecer mecanismos y planes para evitar interrupciones y aseguró que continuará monitoreando la situación para prevenir riesgos y perjuicios a los beneficiarios.
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