La Procuraduría General de la Nación lamentó los hechos ocurridos el martes 9 de julio en el archipiélago de San Andrés, donde una embarcación con 20 migrantes naufragó, dejando una persona fallecida, cuatro desaparecidas y quince rescatadas por la Armada Nacional, incluyendo seis menores de edad.
Desde octubre de 2023, la Procuraduría había advertido sobre una ruta VIP utilizada para el tráfico de personas con destino a Nicaragua, pasando por la isla. Sin embargo, la entidad señaló que las autoridades de San Andrés no han implementado controles efectivos sobre la entrada y salida de embarcaciones, lo que ha permitido la operación diaria de esta ruta sin supervisión ostensiva.
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Se ha identificado que esta ruta de tráfico parece ser utilizada diariamente, “sin control alguno por parte de las autoridades locales”, indicó el Ministerio Público, reiterando la necesidad urgente de aumentar los controles para prevenir tragedias similares en el futuro.
Para la Procuraduría, los hechos ocurridos recientemente vulneran los derechos humanos debido a la acción de traficantes que exponen a los migrantes a riesgos mortales: “La vulneración de los derechos humanos de la población migrante por parte de traficantes inescrupulosos que exponen a esta población a riesgos contra su vida e integridad personal continúa sin que exista control alguno”.
El organismo de control disciplinario solicitó a la Cancillería colombiana, a Migración Colombia, a la Dirección General Marítima y las autoridades departamentales que intensifiquen los controles de ingreso y salida de migrantes en las islas. Además, destacó la necesidad un trabajo articulado con la DIJIN y la Fiscalía General de la Nación para avanzar rápidamente en las investigaciones y desarticular las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes en la isla.
“Reiteramos el llamado urgente a la Cancillería Colombiana, a Migración Colombia, a la Dirección General Marítima y a las autoridades departamentales para aumentar los controles de ingreso y salida de migrantes al archipiélago”, mencionó en un comunicado la Procuraduría General de la Nación.
El incidente ocurrido el pasado martes destaca una alarmante falla en los sistemas de control y una necesidad imperiosa de implementar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los migrantes y prevenir la repetición de tragedias similares. El tráfico ilegal de personas pone en riesgo la vida y la integridad de quienes buscan vías de escape en condiciones desesperadas.
Las autoridades y organismos de control están en obligación de intensificar su vigilancia y acción para proteger la vida y los derechos humanos de los migrantes, un llamado que se hace más apremiante tras los trágicos resultados del naufragio registrado en San Andrés.
Se conocen las nacionalidades de las víctimas del naufragio en San Andrés
Según el informe preliminar presentado por las autoridades el 10 de julio, las autoridades confirmaron que dentro de las personas rescatadas en el naufragio, se encuentran: 7 venezolanos, 4 ciudadanos de Kazajistán, 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 1 nicaragüense, 1 iraní; y quien falleció fue un hombre de nacionalidad china.
Las Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas de la Armada de Colombia, con el apoyo de una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana, desplegaron en una intensa operación de búsqueda y rescate y continúan investigando lo sucedido.
Cabe recordar que, en 2023, fueron rescatados 500 migrantes que naufragaron debido a las pésimas condiciones de las embarcaciones clandestinas en las que viajaban. El rescate se llevó a cabo en altamar, donde los migrantes estaban a la deriva, expuestos a condiciones extremas y en riesgo de perecer. Según fuentes oficiales, estas operaciones de rescate se han incrementado debido al aumento de migrantes que intentan alcanzar las costas colombianas en embarcaciones no aptas para la navegación.
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