La Procuraduría General de la Nación le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que inicie un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro Urrego y el ministro de Minas, Ómar Andrés Camacho Morales, debido a la falta de nombramientos necesarios en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Este requerimiento se origina en el incumplimiento de una sentencia que ordenaba la integración de esta importante comisión reguladora, según un documento enviado por el funcionario Gilberto Blanco.
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La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, subsección C, dictada el 25 de enero de 2024 y ratificada el 2 de mayo de 2024 por la sección quinta del Consejo de Estado, exigía que en un plazo de treinta días el Gobierno colombiano hiciera los nombramientos necesarios para completar los seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva en la Creg.
Pese a esto, Blanco indica en su comunicado que “no hay evidencia de que se hayan adelantado gestiones para lograr los nombramientos”.
El pedido de la Procuraduría es claro al detallar que esta gestión no se ha cumplido, y en varias ocasiones se ha solicitado al Gobierno que informe sobre los avances o razones para no seguir las instrucciones judiciales.
En el documento enviado al tribunal dice: “En mi condición de Agente del Ministerio Público dentro de la acción constitucional indicada en el asunto, de conformidad con la agencia especial que reposa en el expediente”.
Acto seguido indica que “de manera comedida acudo ante su despacho para interponer incidente de desacato en contra del Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego y del Ministro de Minas y Energía, doctor Omar Camacho Morales, por incumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, el 25 de enero de 2024 que fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante providencia del 2 de mayo de 2024″
La Ley 2099 de 2021, cuyo artículo 44, literal d), es el punto de referencia de la sentencia, estableció la necesidad de estos nombramientos para asegurar la correcta regulación del sector energético y gasífero en Colombia. La omisión del cumplimiento de esta norma se traduce en una falta que la Procuraduría considera grave para el adecuado funcionamiento del Creg un organismo clave en la infraestructura energética nacional.
Por eso, el requerimiento de la Procuraduría subraya que se abra un “incidente de desacato contra el Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego y contra el Ministro de Minas y Energía, Ómar Andrés Camacho Morales”, un procedimiento legal que busca forzar el cumplimiento de decisiones judiciales previas. La integración del Creg es fundamental para el equilibrio y supervisión del sector energético en el país.
Afirman que se ha fallado en seguir la sentencia que fue notificada el 6 de mayo de 2024 y en la que se ordenó específicamente “realizar las gestiones y acciones necesarias para integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) con seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva”. Esta comisión tendría la tarea de llevar adelante las regulaciones y gestiones necesarias para un sector tan vital como es el de energía en Colombia.
Gustavo Petro y Omar Camacho aún no han respondido públicamente a esta solicitud de desacato. La Procuraduría remarca que la respuesta oportuna y la ejecución de los nombramientos conforme a la Ley 2099 de 2021 son esenciales para evitar el cumplimiento tardío o nulo de las decisiones judiciales establecidas.
Este no es el primer llamado de la Procuraduría pidiendo claridad y acción por parte del gobierno.
El Gobierno y la Creg
La Creg en Colombia ha estado enfrentando desafíos debido a la falta de comisionados. Por eso, el Consejo de Estado ratificó una orden para que el presidente Gustavo Petro nombrara seis comisionados antes del 27 de junio de 2024. Sin embargo, solo se ha nombrado un comisionado, Antonio Jiménez, hasta ahora. Para mantener el quórum y tomar decisiones regulatorias cruciales, se necesitan cinco miembros más.
El encargo de Orlando Velandia expirará el 2 de julio, y el de Manuel Peña finalizará el 11 de julio. Sin estos comisionados, la Creg podría quedarse sin el número necesario para funcionar adecuadamente.
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