La JEP no emitirá sentencias contra las Farc en el 2024: así lograron los exmiembros de la guerrilla dilatar el proceso

A finales de abril de 2024 el país se ilusionó con la llegada de las primeras sentencias para los antiguos militantes de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz y se sometieron a la Jurisdicción Especial para Paz, después de que uno de sus magistrados confirmara que para el segundo semestre del año se pondría fin a uno de los casos que estudia esa justicia.

Sin embargo, la ilusión parece desvanecerse con el paso de los días, pues ahora los magistrados deberán enfocar sus esfuerzos en resolver recursos jurídicos que interpuso el antiguo secretariado de las Farc y que podrían retrasar el proceso hasta ocho meses.

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De hecho, según información del Tribunal para la Paz y la Sección de Apelación, la audiencia de verificación estaba programada para agosto o septiembre de este año, pero los recursos judiciales presentados por la defensa de las Farc han retrasado el proceso, situando la posible emisión de sentencias en 2025.

El Tribunal para la Paz, a través de la Sección de Verdad y Responsabilidad, confirmó el pasado 29 de abril que los miembros del secretariado de las Farc fueron imputados por el delito de esclavitud, afirmando que este crimen fue parte de la política de secuestros de la organización.

“Son responsables por mando de las conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad de esclavitud”, se lee en el auto de la JEP. Ante esta decisión, una investigación de El Espectador reveló que la defensa del antiguo secretariado presentó en junio un recurso de reposición solicitando revocar el auto, alegando que en su emisión participó el magistrado Camilo Suárez Aldana, sobre quien pesaba una recusación sin resolver en su momento.

Rodrigo Granda, miembro del secretariado, había presentado una recusación contra Suárez Aldana el 26 de abril, argumentando que el magistrado había pertenecido al Ejército como magistrado del Tribunal Superior Militar.

“Pertenecí orgánica y funcionalmente a la justicia penal militar (...) no ejercí mis labores como magistrado basándome en ‘sentimientos de odio, venganza o persecución’”, respondió Suárez. Sin embargo, el recurso se estudió el 9 de mayo, luego de la emisión del auto, lo que llevó a la defensa del secretariado a afirmar que se debió resolver la recusación antes de cualquier decisión.

Entre los recursos presentados y revelados por el medio nacional, destaca también la nulidad en contra de una decisión de 2023 que buscaba mayor participación de las víctimas en los procesos de justicia restaurativa.

Para las Farc, las víctimas no debían estar presentes en los encuentros donde se definían las actividades de reparación. Sin embargo, la JEP sostiene que la participación de las víctimas es un derecho fundamental, justificando su rechazo a la nulidad.

Otro recurso que se encuentra en trámite en esa justicia especial es el presentado por Rodrigo Granda para que la JEP juzgue el homicidio de Cecilia Cubas Gusinky, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas. El crimen, cometido por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fue inicialmente rechazado por la JEP, argumentando que los hechos no ocurrieron en el marco del conflicto armado colombiano, y que debía ser investigado por la justicia paraguaya. Ante esta negativa, Granda apeló la decisión, calificándola como un “gravísimo incumplimiento de la JEP”.

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, criticó la negativa de la JEP en el caso de Cecilia Cubas, defendiendo que el crimen está ligado a las dinámicas del conflicto colombiano, mientras que la familia de Cubas ha solicitado nuevamente la extradición de Granda. Por otro lado, las imputaciones de esclavitud, un factor crítico en la investigación del macrocaso 01, siguen suscitando controversias y disputas judiciales.

Ahora, los magistrados de la JEP enfrentan la tarea de resolver estos recursos, que han retrasado considerablemente el proceso. “El Tribunal ya resolvió y se mantiene en lo decidido. Ahora se va para apelación”, afirmó una fuente cercana al proceso a El Espectador. Aun así, las víctimas continúan esperando las sanciones prometidas, mientras que los recursos legales interpuestos prolongan la espera y demoran la justicia.

El cronómetro para conocer las primeras sanciones estaba próximo a detenerse este año, pero con los recientes recursos presentados, el proceso de verificación y emisión de sentencias se proyecta para finales de 2024 o principios de 2025, mientras que las víctimas y sus familias, que buscan justicia desde hace casi una década, deberán esperar aún más tiempo.