Petro respondió a las acusaciones de que tiene “chuzados” a magistrados de las altas cortes: “Este gobierno no hace lo que hicieron otros en el pasado”

Ante las recientes denuncias de los magistrados de la Corte Constitucional sobre posibles interceptaciones en el alto tribunal, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X frente a los cuestionamientos de sectores de la oposición y de la justicia sobre este nuevo escándalo que involucra a su gobierno.

El mandatario afirmó que, desde su primer día en la Casa de Nariño, la inteligencia estatal se usaría para perseguir a los criminales, pero no a los líderes de oposición, los periodistas o magistrados de las altas cortes.

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“Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Durante el pasado fin de semana, exmagistrados, juristas, representantes de colectividades judiciales y dirigentes políticos rechazaron tajantemente esta situación, considerando que, de confirmarse el hecho, estaría en riesgo la democracia, la institucionalidad y la independencia de poderes en el país.

Justamente, uno de los férreos críticos de este escándalo es el senador de Cambio Radical, David Luna, quien recientemente insistió a la Fiscalía General que adelante con prontitud las investigaciones correspondientes, también le pidió al Gobierno nacional que explique a fondo la situación de la inteligencia del Estado. “A mí sí me gustaría saber si el gobierno de Gustavo Petro nos está chuzando”, expresó.

Además, el congresista recordó que, en días anteriores, había citado a un debate de control político al director del Departamento Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, donde le interrogó sobre esta presunta práctica que se desarrollaría al interior de la entidad.

“Le pregunté al doctor González que, bajo la gravedad de juramento, le contará al Congreso, a las instituciones y al país, si era cierto o no, que estaba chuzando, perfilando, haciéndole seguimiento a los periodistas, a militares en su buen uso del retiro y a miembros de la oposición (...) y él (Carlos Ramón González) contestó NO, pero SI; es decir, que él no lo había hecho, pero que no le constaba si alguno de sus antecesores, uno de ellos también nombrado por Gustavo Petro, lo había hecho, esto es gravísimo”, manifestó Luna.

El senador agregó que “acá lo que está en juego es la democracia, la posibilidad de pensar distinto. No podemos repetir los errores del pasado, los crímenes del pasado. Este gobierno está acusado por corrupción, primero por clientelismo y ahora por chuzar. Queremos más respuestas y las queremos pronto, le pido al presidente Petro que le diga la verdad al país”.

En días pasados, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez informó en una carta dirigida a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, sobre supuestas interceptaciones ilegales y seguimientos constantes a sus líneas telefónicas y a su familia. “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, se lee en la misiva entregada por el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes.

Además, Ibáñez asegura en la carta que las comunicaciones de sus magistrados auxiliares también fueron intervenidas. “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial”, resaltó.

Ante esta situación, la fiscal general Luz Adriana Camargo reiteró su compromiso para indagar sobre esta polémica, en una reciente reunión con los magistrados de la Corte Constitucional, ordenando a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema para que adelanten las investigaciones correspondientes.