
Un día después de que la defensa del coronel (r) del Ejército Nacional Alfonso Plazas Vega hiciera pública su petición de indemnización, por los ocho años que estuvo en prisión, acusado de ser el responsable de al menos doce desapariciones forzadas durante la acción de retoma de Palacio de Justicia, se supo el jueves 20 de junio de 2024 el multimillonario monto que pretende el exalto oficial por este hecho.
Según reveló Blu Radio, el exuniformado, que el 16 de diciembre de 2015 fue absuelto en este caso, pretende el pago de por los menos 11.000 millones de pesos, al considerar que fue víctima de daños y perjuicios durante el periodo en el que estuvo privado de su libertad. Para fortuna de Plazas Vega, su reclamo fue respaldado por la Procuraduría General de la Nación, que salió a respaldar la solicitud en dicho sentido.
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“Han de despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda tendientes a declarar responsables a las demandadas por la privación injusta de la libertad”, expresó el Ministerio Público en este sentido, en carta enviada a la magistrada María Cristina Quintero, que hace parte de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Cundinamarca; organismo encargado de evaluar la reclamación de Plazas Vega.
En este orden de ideas, para la Procuraduría es claro que el Estado tuvo la responsabilidad en lo que calificó la “privación injusta de la libertad” del hombre que coordinó, en la noche del 6 y día del 7 de noviembre de 1985, el operativo de retoma del Palacio, tras la incursión armada de la extinta guerrilla del M-19, que tomó las instalaciones en donde funcionaban la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
La misma, a juicio del ente de control disciplinario, “fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada y arbitraria”, con lo cual, añadió, “se configura el daño antijurídico, han de despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda tendientes a declarar responsables a las demandadas por la privación injusta de la libertad”. Así lo expresó Ligia Bibiana Guerreo, procuradora 137 judicial para asuntos administrativos.
Los reclamos de la defensa del coronel (r) Alfonso Plazas Vega
En un documento de 119, radicado a través de su abogado, Jaime Granados, el coronel (r) Plazas Vega, extitular de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), dejó en claro que quiere una compensación económica por los daños morales que sufrió durante los años de prisión. Al mismo tiempo que detalló presuntas irregularidades cometidas por los órganos de investigación, entre ellos la Fiscalía General de la Nación.
Corolario de todo lo anterior, le solicito honorable magistrada declarar la responsabilidad extracontractual de las demandadas Fiscalía General y Nación/Rama Judicial por la detención ilegal, injusta, arbitraria y/o desproporcionada que durante 8 años y 5 meses soportó Luis Alfonso Plazas Vega”, se leyó en la petición elevada por el letrado Granados, que generó reacciones encontradas en redes sociales.
A su vez, en sus alegatos, el militar retirado indicó que, producto del juzgamiento en su contra en este proceso, por el que había sido condenado inicialmente por la Corte Suprema el 9 de junio de 2010 a 30 años, su familia quedó sin sustento: pues los miembros de su núcleo familiar dependían únicamente de Plazas Vega; motivo por el cual tendría derecho a una indemnización.
“Su familia, soportó su ausencia, disminuyó y casi anuló su patrimonio destinándolo a su subsistencia que para entonces dependía en gran medida de él, dispuso los recursos necesarios para su defensa, sufrió la tristeza, la ansiedad y el estrés inexorablemente derivados de la privación de la libertad de un ser querido”, declaró el abogado Granados en relación con esta pretensión.
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