El Consejo de Estado evaluó la ponencia con la que se buscaba considerar la convalidación de experiencia profesional para personas con otras carreras distintas a las exigidas para ocupar determinados cargos públicos. Dicha ponencia buscaba dar vía libre al excontralor Carlos Felipe Córdoba par aspirar a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, dicha posibilidad fue descartada por el Consejo de Estado.
Luego de una deliberación, la ponencia en cuestión fue derrotada con tres votos a favor y dos en contra, lo que indica que el exfuncionario no podrá aspirar al cargo de procurador General de la Nación, en reemplazo de Margarita Cabello. El conjuez William Zambrano fue el responsable de desempatar la decisión.
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El presidente Gustavo Petro celebró la determinación a través de sus redes sociales: “Felicito al Consejo de Estado en su sala de consulta por no deteriorar las condiciones para ser magistrado. Invito al Consejo de Estado a derrotar el “fake news” que habla de persecución de entidades de inteligencia sobre el poder judicial. Establezcamos los mecanismos concretos para que eso que sucedió en pasados gobiernos, nunca se repita. Propongo una veeduría judicial permanente e institucional sobre los cuerpos de inteligencia del estado”, escribió el primer mandatario en X.
La normativa que permitía a Córdoba aspirar al cargo
La Corte Constitucional ya había tomado una decisión con respecto a la posible postulación de Córdoba, indicando que se declaró inexequible el segundo parágrafo del artículo 128 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que permitía a los candidatos adicionar experiencia profesional que no está relacionada con el Derecho.
“Para la experiencia de que trata el presente artículo, así como para ejercer el cargo de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones en ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, economía, administración de empresas y administración pública”, detalla la normativa declarada inexequible.
De acuerdo con el fallo del alto tribunal, únicamente aquellos que cuenten con una formación en temas jurídicos y con experiencia relacionada con estos estudios podrán ocupar cargos públicos como el de procurador General. Eso quiere decir, que la experiencia que se haya conseguido por cuenta de carreras diferentes no cuentan para aspirar al puesto.
La decisión de la Corte surgió luego de identificar que la homologación de la experiencia para ocupar los cargos mencionados es inconstitucional, toda vez que se debe garantizar que jueces y magistrados tengan todas las competencias jurídicas para ejercer sus funciones. “Si bien el hecho de que los jueces tengan otra formación profesional puede ser relevante, esas calificaciones adicionales no pueden suplir la experiencia requerida en el cargo, que se basa en analizar y resolver asuntos jurídicos”, indicó el alto tribunal.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia solicitó al Ministerio del Interior que consultara con el Consejo de Estado cuáles son los requisitos para aspirar a ser procurador General de la Nación y si era posible añadir experiencia conseguida por medio de otras carreras distintas al Derecho, para así poder completar los años de experiencia requeridos para el puesto. Desde finales de 2023, el Consejo de Estado estudió el tema y determinó que, en efecto, si se busca ser procurador, se debe contar con los 15 años de experiencia que se exigen, ya sea en la Rama Judicial o como abogado.
Ahora bien, la aspiración de Córdoba no solo generó revuelo por su experiencia, sino porque, al parecer, habría irregularidades en la obtención de su título como profesional en Derecho. “Se graduó de la carrera de Derecho en dos años y medio, siendo contralor General de la Nación. También se graduó de un doctorado y plagió la tesis”, aseveró el senador Ariel Ávila. Por eso, el excontralor presentó una querella contra Ávila ante la Corte Suprema de Justicia, alegando haber sido víctima de injuria y calumnia.
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