Después de una reunión entre la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y las comunidades de Vetas, Suratá y California en Santander, el clima terminó siendo tenso y lleno de críticas. Los habitantes concluyeron que están siendo “condenados a la ilegalidad”, de acuerdo con la emisora colombiana Blu Radio.
Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, explicó que la hostilidad se debió a que la ministra llegó a anunciar una zona de reserva temporal en el páramo de Santurbán sin consultar a las comunidades.
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“Hablar de diálogo con las comunidades es completamente falso. El gobierno viene y anuncia una medida sin permitirnos participar. La ministra ni siquiera invitó al gobernador de Santander ni a la Procuraduría, lo que muestra una falta de respeto y prudencia”, expresó Maldonado.
Según él, estas decisiones ambientales están motivadas por la necesidad de cumplir promesas de campaña a los activistas ambientales del área metropolitana de Bucaramanga y para mantener la base política del gobierno actual, que busca la reelección. “Nos traen una medida adicional simplemente por cumplirle promesas de campaña a los activistas ambientales”, dijo Maldonado.
Los alcaldes de Suratá, California y Vetas expresaron su rechazo a la zona de reserva temporal y al decreto 0044, que prohíbe la emisión de permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales en zonas declaradas como reserva.
Durante la reunión en California, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, comentó: “Este decreto sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas en Vetas, California, Suratá y Matanza. Nos están violando nuestro derecho a la participación ciudadana, al mínimo vital y al trabajo, a la igualdad y a la identidad cultural de los mineros tradicionales”.
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La situación en Santurbán ha generado un profundo descontento entre las comunidades locales, quienes sienten que sus voces no están siendo escuchadas y que las decisiones del gobierno están poniendo en riesgo su sustento y sus derechos fundamentales.
La ministra Muhamad intentó mediar en los conflictos sobre alternativas mineras y la protección del agua, pero la falta de inclusión y diálogo con los afectados ha exacerbado las tensiones.
Las comunidades insisten en que no se oponen a la protección del páramo, pero demandan ser incluidos en las decisiones que afectan directamente sus vidas y su economía. Reclaman que se reconozca su derecho a participar en estos procesos y que se tomen en cuenta sus necesidades y propuestas para un desarrollo sostenible que no sacrifique sus medios de subsistencia.
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