Gobernadora del Valle se pronunció sobre los diálogos entre el Ministerio de Justicia y alias Pipe Tuluá

El jueves 6 de junio de 2024 se llevará a cabo una reunión entre delegados del Ministerio de Justicia y el alto comisionado para la Paz en la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá.

La Administración municipal espera que en este encuentro se amplíe la información sobre los integrantes de la banda La Inmaculada y que los menores de edad en el interior de la organización puedan ser apartados de las actividades delictivas.

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Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá, manifestó que “el Ministerio de Justicia escuchará a Pipe Tuluá, a través del comisionado de Paz. Esta es una oportunidad para que Tuluá conozca a quienes apoyan esta banda criminal y para desmantelar la criminalidad, especialmente el reclutamiento de menores mediante el consumo de sustancias psicoactivas”.

A su vez, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, señaló que “el Gobierno nacional, es el responsable del orden público y de determinar con quién se sienta a dialogar o conversar”.

Igualmente, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro a pronunciarse sobre la situación de seguridad que afecta al departamento. “Esperamos que el presidente, en su sabiduría, dirija de la mejor manera esas conversaciones y que se logre erradicar ese factor de violencia que nos afecta a todos”, agregó.

Alias Pipe Tuluá fue condenado a 18 años de cárcel por homicidio, secuestro y extorsión mientras lideraba la banda La Inmaculada, responsable de causar temor y zozobra en Tuluá debido a sus actividades criminales que incluyen asesinatos, amenazas y quema de vehículos.

Uno de los objetivos de la banda La Inmaculada es el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, víctima de amenazas y varios intentos de homicidio. Además, las autoridades señalan a la banda criminal como la principal sospechosa de los homicidios de los concejales Eliecid Ávila, del Partido Conservador, y Carlos Arturo Londoño, del Partido liberal, así como del periodista Marcos Montalvo.

Para combatir la ola de inseguridad en el territorio, las entidades gubernamentales aprobaron la implementación de la Operación Cauca, una estrategia para aumentar y fortalecer la presencia de la fuerza pública en la región. La iniciativa busca desmantelar las estructuras criminales y confiscar las finanzas ilícitas que operan en la zona.

Este esfuerzo se llevará a cabo mediante la colaboración conjunta del Ministerio de Defensa y las autoridades regionales y locales, así como con la participación activa de la ciudadanía. Para desarticular a las bandas criminales que operan en el departamento se dispone de un refuerzo de 600 nuevos uniformados, un comando de la Policía Nacional en Santander de Quilichao, a los que se suman los Grupos de Operaciones Especiales (Goes), los cuales tendrán la tarea de ejecutar operativos de alta precisión.

Además del grupo de tropas de choque, se fortalecerá la seguridad en la vía Panamericana y en otros corredores estratégicos de la región para combatir el tráfico de estupefacientes. Las autoridades esperan que con esta estrategia integral se obtengan resultados efectivos a corto y mediano plazo, que contribuyan no solo a la estabilidad y desarrollo de la región, sino también a mejorar la percepción de seguridad entre los habitantes del Cauca y restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.

Con el refuerzo de la fuerza policial, las autoridades han dado duros golpes a los grupos delincuenciales del departamento, capturando a varios miembros de las bandas que aterrorizaban a los habitantes de los distintos municipios. El 10 de mayo de 2024 anunciaron la captura en el municipio de Villa Rica de alias Maciño, señalado de ser el principal proveedor de armas para las pandillas que delinquen en esta zona del país.

Además, en el despliegue de operativos, el coronel Giovanny Torres Bautista confirmó que “al momento de su captura, la Policía Nacional confiscó un arma de fuego tipo pistola con su respectivo proveedor calibre 7.65 milímetros avaluada en cerca de tres millones de pesos y una moto AKT, línea Ak110 que había sido denunciada por robo”.

La Policía Nacional también capturó, el 19 de marzo, a cinco personas que están relacionadas con las disidencias de las Farc. En la redada, las autoridades confiscaron cuatro armas de fuego y dos granadas de fragmentación que portaban los delincuentes en el momento de la captura.