La Procuraduría General de la Nación le acaba de dar otro golpe a la administración de Daniel Quintero, después de que anunciara el juicio disciplinario que enfrentará Juan Pablo Ramírez, uno de sus hombres de confianza en la Alcaldía y hoy ficha clave del Gobierno de Gustavo Petro.
Según informó el ente de control, existe material probatorio que culparía Ramírez de presionar a sus subalternos para contribuir económicamente a la causa política de Quintero, mientras se desempeñaba como secretario de Inclusión Social en el periodo 2021-2022.
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La Procuraduría también citó a juicio a Juan Daniel Pulgarín Correa, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y a Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, exsubsecretario de Gestión de Bienes.
Según el ente disciplinario, los investigados habrían organizado una reunión el 8 de agosto de 2021, en la que solicitaron a los asistentes aportes económicos que oscilaban entre trescientos mil y un millón de pesos cada uno. Las investigaciones apuntarían a que estos fondos serían para la corporación “El futuro se parece a nosotros”, la cual era una plataforma política de Quintero para impulsar su aspiración presidencial.
Parte clave de la investigación se sustenta en el testimonio de María del Pilar Rodríguez, exdirectora de la Unidad de Niñez. Rodríguez denunció que Ramírez los reunió en un apartamento en El Poblado, les decomisó los celulares y les entregó una carta con las instrucciones para realizar los aportes económicos a la fundación, según su rango salarial.
Además, la exfuncionaria afirmó que fue despedida al negarse a cumplir con dichos pagos, pues el aporte obligatoria resultaba ser una de las condiciones para continuar en la administración de Quintero, según la denuncia que reposa en la Procuraduría y la Fiscalía.
El caso de Ramírez no se limita a estas acusaciones. También está involucrado en el escándalo del “tetris financiero”, en el cual, presuntamente, ordenó operaciones financieras irregulares en programas sociales como Buen Comienzo. En esta trama habrían participado Santiago Preciado, sucesor de Ramírez en la Secretaría de Inclusión social, y Juan Daniel Pulgarín. Para el Ministerio Público, Ramírez abusó de su cargo para presionar y obtener fondos, calificando su actuación como una falta gravísima cometida con dolo.
De hecho, documentos en poder del diario El Colombiano revelaron que para el ente de control, Ramírez habría transgredido sus deberes al utilizar su posición para beneficiar a una organización privada y coaccionar a servidores públicos a financiar actividades proselitistas.
Pulgarín también figura en el expediente, especialmente tras la filtración de audios en los que presiona a Rodríguez para que renuncie. “Y lo que te pedí por cuarta vez ahora, por favor entrégame tu carta de renuncia vía Mercurio, o me dices qué hacemos, si miramos el tema de la insubsistencia”, se le oye amenazar al entonces funcionario.
El caso se agrava con nuevos detalles sobre la naturaleza y la magnitud de las coerciones. Según la Procuraduría “Ramírez aparentemente se valió de su mando y cargo al interior de la alcaldía para ejercer una fuerza determinadora para realizar aportes económicos a la corporación o fundación”. Estas acciones son vistas como una grave infracción a los deberes funcionales de un servidor público.
El pasado 9 de mayo, Juan Pablo Ramírez rindió un interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación, donde presentó su versión sobre estos cargos. La Fiscalía está atenta a las declaraciones y determinaciones de la Procuraduría, dado que ambos casos afectan distintos aspectos de la administración pública.
La noticia resuena más por el hecho de que, a pesar de estas acusaciones, Ramírez logró conseguir un alto cargo en el Gobierno de Petro. Por otro lado, Pulgarín fue propuesto para un puesto en la Agencia Nacional de Restitución de Tierras, aunque su nombramiento se frustró debido al escándalo del “tetris financiero”.
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