Un total de 24 presos murieron en la cárcel La Modelo de Bogotá durante un motín que se registró el 21 de marzo de 2020, en medio de la pandemia por covid-19 que enfrentaba el mundo. Además, más de 100 reclusos y funcionarios de la prisión resultaron heridos, y tuvieron que ser trasladados a diferentes clínicas y hospitales.
“No hubo fugas. Hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio ni de privado de la libertad ni de cuerpo de administrativo de custodia que tenga coronavirus”, explicó en su momento la exministra de Justicia y actual procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco.
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Según la funcionaria, todo se trató de un intento de fuga, que involucró también otros motines en las cárceles de El Buen Pastor y La Picota de Bogotá; Bellavista, Pedregal, Puerto Berrío e Itagüí, en Antioquia; Picaleña en Ibagué; Cómbita en Boyacá y la prisión de Jamundí. Sin embargo, existe otra versión de los hechos: al parecer, los reclusos protestaron por el hacinamiento en el que se encontraban y por la falta de elementos esenciales para protegerse del virus que ha matado a millones de personas en el mundo.
Entre los presos que terminaron heridos durante el motín está Diego Fernando Álvarez Colmenares, por quien el juez 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá condenó al Estado y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según el documento del juzgado, el recluso, como demandante, alegó daños morales por parte de los demandados.
“La Nación colombiana - Ministerio de Justicia, Instituto Penitenciario y Carcelario, son responsables administrativa y comercialmente de todos los daños y perjuicios tanto materiales o patrimoniales como extra patrimoniales, perjuicios a daños morales subjetivos, vulneración a sus derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, libertad e integridad personal, derecho al honor, intimidad y propia imagen, derecho a la familia y derecho a la libertad de locomoción y el debido proceso”, se lee en el documento revelado por W Radio.
El texto indica que el Estado debió haber impedido que en centro penitenciario se ingresaran armas letales, ya que es su función. En ese sentido, las autoridades del penal también fallaron porque no cumplieron con su labor de vigilar a los reclusos y evitar situaciones de ese tipo. Así las cosas, el Inpec deberá pagar 25.740,000 a la víctima y a su familia por las lesiones ocasionadas durante el motín.
Exceso de fuerza y tortura
Lo ocurrido el 21 de marzo de 2020 ha sido investigado por la Fiscalía General de la Nación, que imputó tres dragoneantes del Inpec por el delito de tortura agravada y lesiones personales. Se trata de Víctor Cervera, Yeferson Hueso y Julián Piñeros, que quedaron libres en enero de 2023 por vencimiento de términos. Se les señala de haber excedido su fuerza en el intento de retomar el orden de La Modelo durante el motín.
“En el proceso de retoma por parte del Inpec y fuerzas de apoyo, se presentaron excesos en el uso de la fuerza y actos de tortura contra personas privadas de la libertad; estos abusos se extendieron más allá del motín y en el proceso de retoma de la cárcel hasta incluso el traslado a centros asistenciales, se incluyeron prácticas encaminadas a infligir dolores y sufrimientos a través de la agresión física y la exposición desnuda de las personas privadas de la libertad en varios momentos y escenarios, incluso posteriores al motín con el fin de castigarlos”, explicó en su momento el fiscal del caso.
El entonces director del Inpec, el general Norberto Mujica, aseguró que la situación fue “controlada” con “rapidez”, con lo que se impidió que 5.000 presos se fugaran del centro penitenciario en medio de la crisis sanitaria que vivía el país por cuenta del virus. “Hoy la situación está controlada, la rápida acción de nuestro cuerpo de custodia evitó que este plan de fuga se llevara a cabo”, aseguró en su momento el exfuncionario.
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