Por esclavitud fueron imputados miembros del secretariado de las Farc: la JEP tomó la decisión

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó la imputación por esclavitud y secuestro contra el exsecretariado de la extinta guerrilla de las Farc-EP, como parte de su participación en crímenes de guerra. Esta decisión se fundamenta en la verificación y análisis exhaustivo de pruebas recopiladas durante un período de cinco años.

El magistrado Camilo Suárez, del tribunal de Paz de la JEP, explicó que la evidencia examinada demostró la existencia de patrones delictivos, con políticas diseñadas desde la cabeza de las Farc para llevar a cabo la toma de rehenes y secuestros.

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“El crimen de esclavitud fue un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, comunicó la JEP. Con este dictamen se confirma, además, que los líderes de la antigua guerrilla de las Farc-EP son responsables de delitos de lesa humanidad, como secuestro, tortura, violencia sexual, esclavitud y desplazamiento forzoso.

Además de la privación de libertad, los secuestrados fueron sometidos a trabajos forzados en la selva. Esta práctica constituye un crimen de lesa humanidad, según destacó el magistrado Suárez, quien subrayó que muchos de los comparecientes ante la JEP reconocieron haber participado en estas actividades.

Los exFarc a quienes se les atribuyó responsabilidad en crímenes de lesa humanidad

La JEP ha indicado que son siete los antiguos miembros del secretariado del grupo guerrillero que son objeto de investigación. Entre los imputados se encuentran figuras prominentes del partido Comunes, surgido tras la disolución de las Farc, como Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Jorge Torres (alias Pablo Catatumbo), y Julián Gallo (alias Antonio Lozada). Todos ellos admitieron su culpabilidad durante una audiencia en 2022.

Otros miembros a quienes se le imputaron cargo fueron: Rodrigo Granda Escobar (alias Ricardo Téllez), Jaime Alberto Parra (alias Mauricio Jaramillo o el Médico), Milton de Jesús Toncel Redondo (alias Joaquín Gómez) y Pastor Lisandro Alape (alias Pastor Alape).

De acuerdo con lo comunicado en la audiencia, estas personas “son responsables por mando de las conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad de esclavitud, derivadas de la política general de secuestros que adelantó la organización”. Este accionar se describió así:

1. Fue un ataque dirigido contra la población civil desarmada.
2. Dicho ataque fue generalizado y sistemático.
3. El ataque fue cometido de conformidad con, o en cumplimiento de, una política de una organización.

El tribunal de paz continuará su proceso contra el antiguo secretariado de las Farc-EP por su implicación en crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la toma de rehenes y la privación de la libertad. Para ello, se convocará una audiencia de verificación, con el fin de determinar las sanciones correspondientes por estos graves hechos. Estas primeras sanciones tendrían que empezar a implementarse antes de terminar el 2024.

¿En qué se basó la JEP para tomar esta decisión?

El análisis de la JEP, que incluyó pruebas allegadas, conductas reconocidas y calificaciones jurídicas, se hizo teniendo en cuenta el Estatuto de Roma, que describe los crímenes de lesa humanidad.

Puntualmente el artículo 7 de este indica que “por esclavitud se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona (...), incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”.

Los indicios de esclavitud incluyen el control y la propiedad sobre la persona, la restricción de su autonomía y libertad de movimiento, así como la obtención de ganancias para el perpetrador. El consentimiento de la víctima no es relevante debido a que no es genuino por la presencia de amenazas, fuerza o coacción. Se considera prueba de este crimen el control sobre los movimientos y psicología de la persona, el uso de fuerza, así como la imposición de trabajos forzados y tratos crueles.

En la conferencia de prensa, la JEP afirmó que la Sección concluyó que las políticas de privación de la libertad implementadas por la extinta guerrilla tenían diversos objetivos como la obtención de fondos, intercambios por guerrilleros encarcelados y el control de territorios.