En un audaz movimiento hacia la reestructuración del sistema de transporte de gas en Colombia, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) publicó para comentarios una propuesta que promete revolucionar la distribución y el costo del gas natural en todo el territorio nacional.
Según documentos recientemente difundidos, este plan, apoyado por un estudio de la Universidad de los Andes y promovido por la empresa Vanti, sugiere la unificación de los tramos regulados de los sistemas de transporte de TGI y Promigas, filiales ambas del Grupo de Energía de Bogotá (GEB). Esta fusión propone establecer una tarifa uniforme a nivel nacional, lo que, según los cálculos presentados, podría reducir el precio del gas hasta en un 23%.
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La mecánica de esta integración recomienda que los costos tradicionalmente asociados a la distancia recorrida por el gas entre los puntos de producción y consumo se reemplazarían por una tarifa única, conocida como “estampilla”.
“La implementación de una tarifa estampilla a nivel nacional implicaría un ahorro significativo en el precio final del gas”, se argumenta en la propuesta. Detalladamente, el costo del transporte fijado sería de $4.383 por 1.000 piés cúbicos en las regiones costeras y de $10.038 en el interior, con un promedio ponderado de $7.771 al incorporar todos los sistemas a nivel nacional..
Sin embargo, la propuesta no está exenta de controversias. La Contraloría General de la República (CGR) expresó preocupaciones significativas respecto a la validez de los beneficios proyectados y la sustentabilidad a largo plazo del plan.
“Se están posiblemente sobreestimando los beneficios”, señaló la CGR al referirse de manera específica a los cálculos de tarifas de transporte más bajos que los actuales en la Costa Caribe, y advierte sobre un potencial panorama de déficit de gas en el mediano plazo, especialmente crítico para las regiones costeras
Beneficiados y perjudicados
Adicionalmente, el documento de la Creg no aborda completamente quiénes serían los beneficiados y perjudicados por esta medida.
Con esto, surgen interrogantes sobre el impacto en las tarifas, la capacidad de pago de los usuarios, el posible desplazamiento de industrias del litoral al interior y una potencial reducción de la demanda industrial debido a un cambio en la competitividad del gas natural frente a otros energéticos. Este enfoque generalizado ha generado un debate sobre la equidad de la propuesta, ya que “serán los estratos bajos de la región Caribe los afectados”, según críticas planteadas por Carlos Mario Zuluaga.
A pesar de estas preocupaciones, se argumenta que el método de tarifa plana permitiría que el gas producido en el interior, donde el costo es menor, pueda ser transportado eficientemente a la costa.
Este cambio podría ser particularmente relevante dado el estado decreciente de los campos gasíferos del Caribe frente a un incremento en la producción en el centro del país. “La iniciativa de método estampillado permitiría que ese gas del interior llegue también allí”, se enfatiza, lo que plantea un panorama donde los costos más bajos podrían aliviar las futuras condiciones de escasez o altas tarifas en las regiones costeras.
Competencia entre productores
El estudio de la Universidad de los Andes, base de esta propuesta, asume un escenario de superávit de gas que favorecería la competencia entre productores y, consecuentemente, el ahorro en el precio para el consumidor final.
Sin embargo, esta premisa ha sido cuestionada por la Contraloría, la cual subraya la importancia de considerar el posible déficit de gas a mediano plazo y el impacto de esta iniciativa en las reservas nacionales de gas, proyectadas para los próximos 7,2 años bajo un ritmo constante de producción.
La discusión en torno a esta propuesta de agregación de tramos regulados hace evidente la complejidad y las diversas aristas que conlleva la regulación del mercado del gas natural en Colombia. Mientras que la Creg y los proponentes de la iniciativa destacan los potenciales beneficios en términos de reducción de precios y eficiencia en la distribución, entes como la CGR instan a una evaluación crítica sobre las proyecciones de oferta y demanda, así como sobre las consecuencias económicas y sociales para diferentes sectores de la población.
“Más preguntas que respuestas...”, concluye la reflexión sobre esta propuesta, recordando a la población y a las entidades interesadas que el documento sigue abierto a comentarios y que es crucial el debate y la participación antes de tomar decisiones definitivas sobre el futuro energético del país.
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