
El martes 23 de abril de 2024, el Ministerio de Salud compartió el borrador de decreto en el que se establecía un nuevo sistema de tarifas para el régimen de salud. El documento, que horas después fue eliminado, causó polémica en el sector salud por los errores que contenía.
Y es que el decreto generó varias reacciones, incluida la de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) que publicó un comunicado en el que aseguró que no la tuvieron en cuenta, aun cuando agrupa a 69 asociaciones, colegios y sociedades de especialistas médicos en Colombia.
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Al respecto, la Acsc explicó que no participó en la elaboración de la metodología ni del proyecto de decreto y, por lo tanto: “desconocemos quienes fueron los técnicos y expertos que apoyaron este trabajo”.
De acuerdo con la asociación, desde 2022 venía trabajando de manera conjunta con el Gobierno nacional en la estructuración de los cambios que se planteó, pero con la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, desde el Ministerio de Salud se decidió iniciar un trabajo independiente por parte del Legislativo, por lo que presentó varios derechos de petición para conocer la metodología que se estaba utilizando.

“La respuesta a estas comunicaciones por parte del Ministerio siempre fueron negativas, y en algunas se manifestó que la información, que había sido presentada inicialmente por las sociedades científicas, tenía el carácter de reserva y no podía ser entregada”, se lee en el comunicado.
Esta actitud por parte del Gobierno nacional llevó a la asociación a exponer de manera pública que estaba siendo excluida de la estructuración del manual tarifario a pesar de ser un conglomerado de expertos con la experiencia necesaria.
En cuanto al borrador presentado por el Ministerio de Salud, la Acsc aseguró que presenta vicios de forma dado que en la Ley 1164 de 2007 está consignado que el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud es el responsable de dar concepto técnico al ministerio sobre la definición de tarifas, documento que no se conoce actualmente.

Por tal motivo, la Ascs cuestionó si “¿el manual tarifario en salud puede ser emitido a través de reglamentación, o dada la importancia y la calidad de la norma requiere un trámite legislativo?
En el comunicado, la asociación se refirió a las inquietudes que generó el documento como, por ejemplo, la calificación para procedimientos de diferente complejidad, pues “el manual contempla la posibilidad que médicos generales realicen procedimientos que son competencia de médicos especialistas en regiones apartadas”, lo que va en contra de lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 1164 de 2007 y en el Código de Ética Médica.
Por otro lado, con el decreto también se buscaban modificar los honorarios que reciben los profesionales de la salud, por lo que la Ascs aseguró que las disposiciones en cuanto a actividades en jornadas nocturnas, dominicales y festivos van en contra del Código Sustantivo del Trabajo.

“La implementación de una manual en los términos propuestos por el Ministerio, puede conllevar a un deterioro de la salud de los habitantes del territorio nacional, pues afecta la oportunidad y la continuidad en la prestación del servicio”, agregó la asociación en el comunicado.
Por todas estas razones, desde la asociación rechazaron el borrador de decreto que publicó el Ministerio de Salud y le hizo un llamado al Gobierno nacional para que los haga partícipes de la elaboración del nuevo manual tarifario.
“La Acsc y sus miembros rechazamos la propuesta publicada o cualquier otra en la que durante la aplicación de la metodología o la estructuración del manual no se tenga en cuenta la participación de Acsc y sus miembros como expertos”, concluyó la Acsc en el comunicado.
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