Para el próximo 26 de abril está programada la segunda audiencia de pública de reconocimiento de verdad en el caso de secuestros que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la que diez excombatientes de las Farc comparecerán.
Los sometidos a la jurisdicción de paz, quienes hacían parte de Comando Conjunto Central de las extintas Farc, deberán responder por su participación en secuestros ocurridos en Tolima, norte de Huila y Quindío.
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Los llamados a declarar son: Luis Eduardo Rayo, Enoc Capella Trujillo, John Jairo Oliveros Grisales, Nelson Antonio Jiménez, Édgar Ramírez Medina, Víctor Hugo Silva, Álvaro López, Gustavo Bocanegra, Wilson Ramírez Guzmán y Raúl Agudelo Medina; imputados por crímenes de guerra como: toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos; y por crímenes de lesa humanidad relacionados con privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, violencia sexual, tortura, entre otros.
La diligencia se desarrollará en la ciudad de Ibagué (Tolima) y, para ello, la Corte Constitucional ordenó a diversas entidades del Estado implementar medidas urgentes de seguridad con el fin de evitar una “doble vulneración a los derechos fundamentales” de los comparecientes ante la JEP y de las víctimas acreditadas en el macrocaso 01.
Para la Sala de seguimiento, a la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de seguridad para la población firmante del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación, es claro que las audiencias de reconocimiento son, precisamente, una de las diligencias más importantes que realiza la JEP. Esto se debe a que son el principal escenario de reconocimiento público y de rendición de cuentas de los excombatientes en proceso de reincorporación ante las víctimas y la sociedad.
Para la Corte es claro que, para los firmantes, “no solo es una forma de ejercer libremente sus derechos como parte del proceso de reincorporación integral a la vida civil y de cumplir con sus compromisos ante la JEP, sino también de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la restauración del daño causado”.
En primer lugar, el alto tribunal le ordenó al director general y al subdirector especializado de seguridad y protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), llevar a cabo un trámite de emergencia para atender la situación de los comparecientes y adoptar e implementar medidas de protección transitorias y complementarias para garantizar la comparecencia segura y efectiva de los firmantes a la audiencia de reconocimiento.
“(...) cumplir con su deber de actuar de forma célere y proporcional a la magnitud de los riesgos identificados, con base en los principios de presunción del riesgo extraordinario e inversión de la carga de la prueba”, señaló la Corte.
En segundo lugar, el alto tribunal ordenó al Ministerio de Defensa, a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, a la Policía Metropolitana de Ibagué, al Comando Conjunto Estratégico de Transición del Comando General de las Fuerzas Militares, a la División Quinta y a la Sexta Brigada del Ejército Nacional reforzar las estrategias y protocolos para garantizar las condiciones estructurales de seguridad, con el fin de que la JEP pueda realizar la diligencia judicial “pacíficamente y sin riesgos de seguridad para quienes asistirán”.
Las autoridades anteriormente mencionadas deberán presentar un informe de cumplimiento a la Sala de seguimiento de la Corte. Asimismo, advirtió que ante algún incumplimiento de las órdenes proferidas podrá haber responsabilidades disciplinarias o penales.
Finalmente, el alto tribunal ordenó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización atender y coordinar el traslado de los proyectos productivos para algunos firmantes debido a su desplazamiento forzado por amenazas contra su vida, integridad y seguridad personal.
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