
Ángela Yessenia Olaya Requene, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha hecho eco en las redes sociales sobre lo que ella considera una “persecución” tras el anuncio de la Procuraduría sobre una investigación en su contra por presuntas irregularidades en su hoja de vida.
En un mensaje publicado en su rede social X, la ministra calificó la decisión de la Procuraduría como un ataque. “Los ataques en mi contra, a las interseccionalidades que represento por ser mujer, afro, joven, tumaqueña y perteneciente a una diáspora de científicos precarizados, que salieron del país huyendo del conflicto armado y en busca de oportunidades académicas, hoy, no solo buscan lapidar la esperanza de millones de colombianos que se ven reflejados en mi historia; sino también buscan perpetuar la histórica desigualdad económica, social y racial”.
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Olaya afirmó que está siendo víctima: “Estamos siendo perseguidos por un poder necropolítico que esta encrudeciendo sus dispositivos de violencias predatorias contra quienes representamos el cambio”.
Además, expresó que esta es la primera vez que un Gobierno da oportunidades a personas con historias de vida como la de ella, una mujer negra: “Por primera vez en la historia un gobierno progresista llegó al poder y abrió la puerta para que mujeres de territorios excluidos llegáramos cargos de representación a transformar estructuras racistas y clasistas de poder”.

Lo curioso en el mensaje de Olaya es que, al parecer, no estaría utilizando el término de “necropolítica” de manera correcta. La necropolítica se refiere al uso del poder social y político para determinar quiénes pueden vivir, pero más aún quiénes deben morir, desentendiéndose de las muertes evitables y naturalizando la incapacidad del sistema de salvar vidas. Es decir, esta definición no hace referencia directa al racismo del que la ministra dice que está siendo víctima.
Vale la pena mencionar que Olaya está siendo investigada luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza señalara que no ocupó el cargo de profesora en la Universidad de Harvard, como consignó la funcionaria en su hoja de vida, ya que su desempeño no fue reconocido como docente, sino como investigadora del Instituto Afro-Latinoamericano, según informó la misma institución.

Además, se han detectado otras irregularidades relacionadas con su trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), la Universidad de Magdalena y la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, donde Olaya aparentemente registró más horas laboradas de las que realmente estaban en su contrato.
¿Qué es la necropolítica, de la que habla la ministra de Ciencias?
Este concepto fue acuñado por el pensador camerunés Achille Mbembe a principios del siglo y está relacionado justamente con el concepto de biopolítica. Ejemplos de necropolítica incluyen medidas impuestas durante la pandemia del covid-19, como las restricciones a la movilidad para quienes podían trabajar desde casa, pero la obligatoriedad de que ciertas personas se movilizaran para obtener recursos a cambio, sometiéndose al riesgo de ser contagiados y morir.

La necropolítica es un concepto que aborda la instrumentalización de la existencia humana para posibilitar la destrucción de sujetos considerados “de menor importancia”. Según explicó, a Infobae Colombia, Isabella Giraldo, maestranda en Estudios de Género de la Utrecht University y profesional en Ciencias Sociales, la necropolítica está asociada a la construcción de un discurso sobre unos grupos que son percibidos como “desechables”.
“Aunque sí se refiere a las poblaciones vulnerables como habitantes de calle, personas negras, personas en situación de pobreza, migrantes, la ministra no está utilizando bien este concepto: una cosa es que hayan trabas con su llegada al poder por ser una mujer racializada, pero el concepto de necropolítica habla explícitamente de cuando el Estado deja morir”, indicó la experta.
En este contexto, el poder social y político es un termómetro para determinar quiénes pueden vivir y quiénes deben morir. Según el autor, aunque no firma órdenes de ejecución ni actúa como verdugo directo, esta política se desentiende de las muertes evitables, simplemente dejando morir a las personas.
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