Superintendente de Salud será investigado por intervención a Sanitas, anunció la Procuraduría

Una denuncia ante la Procuraduría llevó a la apertura de una investigación contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por la orden de intervención forzosa contra la EPS Sanitas. Al parecer, habría inconsistencias en la resolución con la que justificó el control administrativo de la entidad.

El ente disciplinario sostuvo que se ordenó la investigación “por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas”.

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Las irregularidad sería una “aparente falsa motivación” que habría sido consignada en la resolución a través de la que se ordenó la intervención de la entidad, según informó la Procuraduría. Ese hecho fue advertido a través de una queja radicada ante el ente disciplinario.

“El órgano de control solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad, así como del trámite realizado para designar al agente interventor. Igualmente requirió el número de quejas, reclamaciones y tutelas con relación al número de afiliados y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios, insumos y tecnología en salud, entre otras pruebas”, señaló la Procuraduría.

El Ministerio Público le dio dos días a la Superintendencia para que remita los documentos solicitados. Advirtió que si no se cumple con ese plazo, “se adelantará inspección disciplinaria a ese organismo de inspección, vigilancia y control” para recaudarlos.

Entre los documentos que solicita también se encuentra la solicitud de la hoja de vida del agente interventor nombrado por Leal para asumir el control de Sanitas, por lo que el ente disciplinario buscará determinar que cumpla con los requisitos para el cargo.

También se verificará el aumento de la insatisfacción de los usuarios de EPS Sanitas por encima del promedio nacional, como lo señaló la Superintendencia en su decisión. Por esa razón le solicitaron a Leal que remita un comparativo de todas las entidades vigiladas, el número de sus afiliados desde 2022 número de quejas, reclamaciones y tutelas desagregadas una a una.

Ese cuadro deberá incluir los indicadores de patrimonio y reserva técnica, red de prestadores y cobertura, así como las deudas acumuladas a la red de prestadores de servicios y proveedores de insumos y tecnologías en salud.

La queja que recibió la entidad habría sido instaurada por el representante legal de Keralty, la compañía dueña de la EPS Sanitas Juan Pablo Currea Tavera. A través de una carta del 3 de abril, un día después de la toma administrativa, le pidió a la procuradora Margarita Cabello recibirlo para ponerla al tanto de lo que consideran irregularidades en la decisión.

Según expuso en el documento, la compañía cuestiona que la situación financiera haya afectado la prestación de los servicios a los pacientes, como sostuvo la Superintendencia, por lo que consideran que había vulneración para intervenir la entidad.

“Una falsa motivación al afirmar que los problemas financieros de la EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados, así como en la actuación del ente de Control, la cual ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación”, dice la carta de Currea.

La Superintendencia sostuvo en el comunicado de la decisión que el incumplimiento del indicador financiero respecto al régimen de reservas técnicas, junto con el creciente número de quejas de los usuarios, mostraban el riesgo en la atención de los más de 5.7 millones de usuarios que están afiliados a Sanitas.

Según informó el superintendente, la intervención administrativa tendrá una duración inicial de un año, la cual no implica la liquidación de la entidad.