A propósito del reciente anuncio de intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, la Defensoría del Pueblo anunció que adelantará una serie de jornadas de verificación del derecho fundamental a la salud de sus afiliados.
Así lo dio a conocer el jefe de la entidad defensora de los derechos humanos, Carlos Carmargo Assis, al señalar que las visitas se llevarán a cabo en todas las sedes de la entidad en el país:
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“Iniciaremos visitas a través de nuestras 42 Defensorías Regionales y nuestra Delegada para el Derecho a la Salud a las sedes de Sanitas en todo el país y las de sus prestadores, con el fin de verificar el cumplimiento del abecé emitido por la Superintendencia para este proceso, siempre defendiendo los derechos de las personas que puedan llegar a verse afectadas o impactadas por la intervención, todo desde un enfoque de derechos humanos”, afirmó el defensor.
Además, el funcionario hizo un llamado al equipo interventor designado por la Superintendencia, para que diseñe un modelo de gestión “que garantice el acceso efectivo a la salud y la continuidad en los tratamientos de todas las personas afiliadas a esta entidad administradora de planes de beneficios de salud”.
Esta medida, aseguró Camargo Assis, debe priorizar a los pacientes que padecen enfermedades crónicas, graves o huérfanas y, a su vez, debe garantizar que “reciban la atención, diagnósticos y tratamientos necesarios sin barreras, obstáculos ni interrupciones”.
La Defensoría también indicó que fortalecerá sus acciones de promoción y divulgación del derecho a la salud. Para ello, el defensor citó a las asociaciones de afiliados de esa EPS y veedurías a una reunión que se llevará a cabo el lunes 8 de abril, en Bogotá, en la que se espera revisar con minucia las acciones del ente que pasó a administrar la entidad.
“Se debe garantizar el derecho al trabajo de empleados y proveedores de Sanitas”: Defensoría
Para la Defensoría del Pueblo, también es fundamental proteger los derechos laborales del talento humano de Sanitas, y que se vele por condiciones laborales justas y garantías de estabilidad en sus empleos.
Asimismo, la entidad recalcó que es necesario salvaguardar los derechos patrimoniales de los proveedores y acreedores de la EPS intervenida, y asegurar que sus intereses sean considerados de manera equitativa y transparente en el proceso de intervención.
“Para ello, el Gobierno nacional debe garantizar el flujo de recursos a Sanitas y las demás entidades administradoras de planes de beneficios de salud, con la finalidad de que sea mejorada la situación financiera del sector”, señaló el defensor del Pueblo.
De igual manera, la entidad solicitó a la Supersalud y a las autoridades territoriales en salud “actuar con la mayor prudencia, responsabilidad y sensibilidad hacia todos los involucrados, dándole prioridad a la prestación continua y sin barreras de todos los servicios de salud y tratamientos en curso”.
“A las personas afiliadas, unas 5.650.000, queremos hacerles un llamado a la calma. Los servicios de salud no deben colapsarse por excesiva demanda, las citas programadas y los tratamientos en curso deben seguir exactamente igual y nada debería reprogramarse. No es necesario intentar adelantar los servicios ni consultar la reconfirmación de los mismos; congestionar los canales de atención pone en riesgo el derecho a la salud”, fue el llamado de Camargo Assis a los usuarios de Sanitas, a quienes también sugirió no dejarse llevar por las noticias falsas.
Por lo anterior, el funcionario les pidió informarse por medio de las fuentes oficiales y evitar la divulgación de noticias dudosas o que provoquen incertidumbre.
“La salud es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado, y es responsabilidad de todos los actores involucrados promoverlo, garantizarlo y protegerlo en beneficio de todas las personas que habitan nuestro territorio”, concluyó el defensor del Pueblo
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