
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), enfrenta acciones judiciales anunciadas por Olmedo López, exdirector de la entidad. La controversia se origina tras la salida de López del cargo en un contexto marcado por el escándalo de la adquisición de carrotanques en La Guajira. Un bufete jurídico presentará una demanda penal contra Carrillo, basada en “presuntas afirmaciones deshonrosas y calumniosas” que perjudican la reputación de López.
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En respuesta a las acusaciones, Carrillo se pronunció destacando su compromiso con la legalidad durante su gestión en la UNGRD. “He sido enfático: no seré yo quien juzgue a Olmedo López ni a nadie, pero como director de la Unidad Nacional del Riesgo juré cumplir la Constitución y la ley. Mi obligación es colaborar con los entes de control y con la Fiscalía”, aseguró.

La noticia de la querella legal contra Carrillo por parte de López agrega una nueva capa de complejidad a la ya intrincada trama de acusaciones y defensas en el ámbito administrativo y judicial del país. Mientras tanto, Carrillo reitera su disposición a cooperar con los procedimientos y entidades de control que requieran su participación para clarificar las circunstancias alrededor de su administración y las implicaciones legales que de ella se deriven.
“Mi participación estará siempre guiada por el deber de acatar las disposiciones legales y constitucionales vigentes”, enfatizó Carrillo, dejando en claro que su actuar se enmarca dentro de las responsabilidades que su cargo implica, sin prejuzgar o emitir juicios sobre las acciones de sus predecesores o sucesores.
La representación legal del señor Olmedo López, la firma Muva, indicó que la razón detrás de esta medida es la acusación por parte de Carrillo hacia López, señalándolo de cometer delitos que, según los abogados de López, manchan su honor y reputación.
“Este último (Carrillo) engañando a la ciudadanía y a los medios de comunicación con afirmaciones deshonrosas y calumniosas ajenas a la verdad en donde se denigra a nuestro representado, afectando su buen nombre, honra y reputación y le adjudica una comisión de delitos, motivo por el cual le solicitamos de inmediato la retractación de sus comentarios injuriosos y calumniosos, que lo único que demuestran es el total desconocimiento del manual de contratación de la entidad y la ley”, subrayó el comunicado de Muva.

La confrontación legal promete intensificarse, ya que desde la defensa de López se insta a Carrillo a presentar cualquier acusación formal ante las instancias correspondientes y cesar la politiquería. “Si tiene alguna denuncia en concreto, lo invitamos a que la presente ante las autoridades pertinentes”, enfatizaron desde el equipo legal de López.
El trasfondo de esta disputa legal y pública parece tener raíces en conflictos previos entre Carrillo y López, implicando incluso al presidente Gustavo Petro. “Ya es necesario que el señor Carrillo le cuente al país sobre su malquerencia con el director anterior y sea claro con el presidente”, demandan desde el entorno de López, apuntando a una disputa personal largamente sostenida.
Carlos Carrillo, salió al frente de las acusaciones hacia Olmedo López, asegurando que cualquier persona tiene derecho a la defensa. Carrillo ha sido vocal sobre el tema, subrayando que López “defraudó la confianza del presidente Petro”, un hecho que ha repercutido en los medios nacionales.

“No he dicho nada que la Fiscalía no haya afirmado, si el señor Olmedo quiere denunciarme por injuria y calumnia, está en todo su derecho y nos veremos en la Fiscalía, en la conciliación”, expresó Carrillo durante una entrevista en RCN Radio. Esta declaración sigue a una serie de comentarios en los que Carrillo ha criticado la gestión de López, mencionando que “el fantasma del exdirectivo aún no desaparece” de la entidad, en conversación con Semana.
Desde el bando de López, se anunció el uso de una “artillería jurídica” para defender su nombre frente a las acusaciones y señalamientos. Aunque López aún no ha respondido públicamente a las aseveraciones de Carrillo, su equipo legal parece estar preparándose para una confrontación en los estrados judiciales, lo que sugiere la evolución de este conflicto hacia una batalla legal que podría arrojar luz sobre las operaciones internas de la UNGRD y su manejo de las compras en cuestión.
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