Medidas de seguridad asignadas por la UNP a las víctimas del conflicto “no están siendo eficaces”: Defensoría

Una fuerte advertencia hizo la Defensoría del Pueblo por las medidas de seguridad que la Unidad Nacional de Protección (UNP) está implementando para víctimas del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la entidad defensora de los derechos humanos, las medidas no están siendo eficaz.

El llamado lo hace teniendo en cuenta los más recientes hechos violentos que han dejado como saldo líderes asesinados, personas que contaban con esquemas de seguridad y no fueron suficientes para salvaguardar sus vidas.

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Un hecho lamentable fue lo ocurrido con Ludivia Galindez Jiménez en Florencia (Caquetá) a finales de febrero de 2024, a quien amenazaron y asesinaron dentro de su casa. El ataque armado, que además dejó herido a su hijo, sucedió cuando ya no estaba disponible el esquema de protección en su lugar de residencia.

Para la Defensoría, las medidas de protección deben tener una perspectiva diferencial y territorial, es el caso de los liderazgos indígenas, que solicitan personal de protección con enfoque étnico, ya que solo ellos tienen ingreso a algunos territorios, como en zonas de difícil acceso del sur del país.

Sin embargo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró lo siguiente: “En el acompañamiento que hacemos en los territorios, a través del equipo de profesionales de nuestra Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, recibimos constantemente solicitudes de lideresas y líderes sociales víctimas que tienen dificultades con sus medidas de protección”.

Por lo anterior, la entidad solicitó a la UNP y al Ministerio del Interior que determine las medidas de protección adecuadas y con el enfoque diferencial en los esquemas de seguridad para población víctima del conflicto que se desempeña como defensora de derechos humanos o en liderazgo social.

“Queremos reiterarle nuestro llamado a las entidades responsables en materia de protección: garanticen medidas eficaces e integrales en protección individual y colectiva, conforme a los estándares internacionales, como parte del reconocimiento que debemos hacerle a la labor de quienes luchan por los derechos de las comunidades”, llamó Carlos Camargo Assis.

Las denuncias por fallas mecánicas

Otras denuncias que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo están relacionadas con dificultades mecánicas de los vehículos asignados a sus esquemas de protección, puesto que algunos se varan en los trayectos y otros no son aptos para los territorios donde hacen su trabajo.

La entidad aseguró que también se evidenciaron demoras en la entrega de los vehículos cuando están en mantenimiento, y algunos han sido entregados sin el dispositivo activo para la dispensación del combustible.

Por todo esto, las víctimas han tenido que acudir a acciones de tutela, muchas coadyuvadas por la Defensoría, para que sus derechos a la vida y seguridad no sean violentados.

¿Cómo va la reforma a la Ley de Víctimas?

En octubre de 2023, el Gobierno Nacional radicó un proyecto de reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Como dicha norma fue promulgada en 2011, la Corte Constitucional y las mismas víctimas del conflicto solicitaron actualizarla para lograr una adecuada protección a sus derechos.

Sin embargo, durante el foro Un camino con las víctimas, organizado por El Espectador, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, hizo públicas graves denuncias sobre presuntas irregularidades durante el trámite dela reforma.

De acuerdo con la funcionaria, algunos miembros del Congreso estarían retrasando su curso en el legislativo, lo que a su juicio es “inaceptable”, especialmente cuando se trata de asuntos cruciales de justicia social y equidad: “Hoy los congresistas tienen la responsabilidad de sacar adelante este debate, pero también debo decir la verdad: nosotros tenemos en el Congreso una omisión legislativa para sacar la Ley de Víctimas como la propuso el Gobierno nacional”.

Tobón Yagarí se mostró preocupada por un aparente desvío de los recursos destinados a reparar a las víctimas hacia la burocracia y por la priorización de agendas políticas sobre otras necesidades.