
La propuesta legislativa identificada tanto como el proyecto de ley 233 de 2023, en la Cámara de Representantes, como el proyecto de ley 142 de 2022, en el Senado, ha suscitado fuertes críticas de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), debido a sus potenciales implicaciones en el Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (Sicov).
La propuesta pretende modificar la operación de este sistema, encargado de la supervisión de trámites vehiculares, como la revisión tecnomecánica y los exámenes de conducción, dos áreas de negocio en los que Euclides Torres, uno de los presuntos financiadores de la campaña presidencial de Gustavo Petro, ha sido beneficiario desde 2012.
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Y aunque la Asociación se detuvo para hacer reparos en ocho de los artículos de la iniciativa legislativa, el centro de la controversia recayó sobre los artículos 15 y 22 del proyecto, los cuales, según las críticas de la Andi, podrían establecer un monopolio en favor de proponentes, al excluir a otros competidores en futuras licitaciones para operar el Sicov, sistema que ya le ha otorgado contratos a empresas que harían parte del clan Torres.
La asociación, en su denuncia, hizo hincapié en promover la “competencia leal y la eficiencia en el servicio”, aunque sin mencionar explícitamente a Euclides Torres. Pero sí solicitó “eliminar el artículo 15, o en caso de querer mantenerlo proponemos la siguiente redacción: «La Superintendencia de Transporte no podrá contratar la instalación, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de control y vigilancia con personas que directamente o por interpuesta persona, tengan el carácter de organismo de apoyo al tránsito”.

Además, en entrevista de Blu Radio con el ponente del proyecto, el representante a la cámara Luis Carlos Ochoa aclaró que esta iniciativa ha sido fuertemente impulsada por el senador del Pacto Histórico, Pedro Hernando Flórez Porras, a quien han vinculado con dicho clan por estar casado con Karina Llanos Torres, exdiputada del departamento del Atlántico y “heredera política del Clan Torres”, puesto que es sobrina de Camilo, Dolcey (actual representante a la Cámara) y Euclides Torres, como investigó y publicó La Silla Vacía.
De qué se quejó la Andi sobre el artículo 15
Las robustas excepciones que estableció la Andi al respecto establecen, en primer término, que este articulo contradice el resto del proyecto cuyo objetivo es, según la información de la Cámara “garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos en el sistema de tránsito y transporte terrestre mediante una movilidad segura, sostenible e incluyente para todos los actores viales, regulando los principales factores de riesgo que atentan contra la seguridad de las personas en el territorio nacional”.
Dijo la Andi que “consideramos que no hay unidad de materia porque la finalidad del proyecto es implementar medidas para la movilidad segura y lo que busca este artículo es establecer condiciones para un especifico proceso de contratación estatal”.

Frente a este punto, indicaron que ya existía una serie de regulaciones por parte de la Superintendencia sobre los Organismo de Apoyo a a las Autoridades de Tránsito (OAT) en las que, por medio de la ley 2250 de 2020 y unos pronunciamientos de la Corte Constitucional, se establecía que “no prevé la selección de un único prestador de todos los servicios”.
Pese a eso, se conoció que la esta Superintendencia de Transporte tuvo inclinaciones a “adjudicar el Sicov a un solo operador” por medio del artículo 15 de una ley anterior, la 2251 de 2022. Sin embargo, la Corte Constitucional afirmó que este artículo no se podía cumplir, que era inexequible.
Por eso, aseveró que “a pesar de los múltiples pronunciamientos de la Corte, observamos con preocupación que el texto aprobado del proyecto mantiene la intención de (i) reforzar una inconstitucional adjudicación del Sicov a un solo proveedor, (ii) inhabilitar a ciertas empresas para presentarse a la licitación, a través del artículo 15 del texto aprobado y (iii) revivir una norma declarada inconstitucional (artículo 15 de la Ley 2251 de 2022 en el Senado) a través del artículo 22 del proyecto”.
Añadió que “el artículo impone una restricción expresa a la libre entrada, de empresas con experiencia en prestación de servicios a organismos de tránsito, al mercado de prestación de servicios del Sicov”, en alusión a un posible “conflicto de intereses”.
Las multimillonarias licitaciones paralelas que el Gobierno de Gustavo Petro le ha dado a Euclides Torres
Ahora bien, en una reveladora investigación realizada por La Silla Vacía, se ha puesto al descubierto una trama de contratos millonarios ligados a la transición energética, presuntamente favorecidos por el gobierno de Gustavo Petro hacia Euclides Torres, conocido por sus vastos intereses en los sectores de transporte y energía. Según lo informado, a Torres presuntamente le adjudicaron contratos por valor de, aproximadamente, 180 mil millones de pesos mediante procesos cuestionados por favorecimientos, alarmas de sobrecostos e indicios de corrupción.
El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), una entidad del Ministerio de Minas y Energía, ha sido el canal a través del cual Torres habría ganado contratos significativos, incluyendo uno por 95 mil millones de pesos destinados a la instalación de paneles solares en zonas de bajos recursos en siete departamentos del Caribe. Este proyecto es parte de la bandera de Petro para avanzar hacia una región del Caribe con un modelo eléctrico renovable.

Estos contratos estarían ocultos tras una compleja red empresarial vinculada a Torres, compuesta por al menos 40 empresas, según las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dentro del esquema de contratación se han detectado indicios de precios inflados y sobrecostos significativos en la adquisición de electrodomésticos como parte de los contratos de transición energética dirigidos a reducir el consumo energético en edificios públicos en zonas remotas. Además, se ha reportado la existencia de facturas falsas utilizadas para inflar los precios de los electrodomésticos, elevando significativamente los costos por encima de los valores de mercado

Euclides Torres también ha sido seleccionado para realizar interventorías, supervisando la ejecución de contratos otorgados a empresas dentro de su red, lo que resulta en un círculo de influencias, en donde Torres sería “juez y parte” de las contrataciones. Este hecho fue indirectamente señalado en las críticas que la Andi le hizo a los artículos del proyecto de ley 233 de 2023.
Esto dijo el ponente de ese proyecto de ley que beneficiaría al Clan Torres
Por otro lado, el representante Luis Carlos Ochoa enfrentó la controversia directamente, y aseguró que su interés en el proyecto “en ningún momento” no pretende beneficiar a ningún grupo económico en particular, mientras aseguró que el presidente del Congreso le asignó la ponencia.
Aunque aseguró Ochoa, su compromiso por asegurar que la legislación fomente un ambiente de “libre mercado y competencia” y expresó su disposición a “remover cualquier barrera que impida una participación equitativa” de diferentes oferentes, incluida la posible eliminación o modificación del cuestionado artículo 15, sus respuestas sobre las presuntas a negociaciones de terceros en los servicios del Sicov, fueron que “desconocía” tales negocios.

Destacó que no conocía quién insertó el artículo 15, pues la “ponencia venía así desde el Senado”, y que no “conocía el trasfondo del negocio, ni que hay atrás, ni qué empresas”.
Ahora bien, el ponente no supo contestar con claridad sobre las objeciones de la Andi sobre el artículo 4 del proyecto, que establecía que “determina la obligatoriedad de contar con cinturones de tres puntos en todas las posiciones de los vehículos automotores, lo que incluye a motocicletas y buses de servicio de transporte masivo, por la definición dada en la ley, en los que por razones prácticas y de diseño resulta inviable”.
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