En medio de una audiencia realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el municipio de Cimitarra, Santander, se reconoció el impacto del conflicto armado en esta región y se destacó el compromiso de la JEP en la búsqueda de personas desaparecidas, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana W Radio.
La magistrada Reinere Jaramillo, quien lideró la audiencia, anunció la decisión de prorrogar la medida cautelar sobre el cementerio municipal de Cimitarra por un año más, a partir del 18 de abril, atendiendo a las voces de las víctimas y considerando la necesidad de preservar la memoria histórica y la dignidad de los fallecidos.
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La investigación de la JEP reveló que en el Cementerio Municipal de Cimitarra se inhumaron cuerpos de víctimas de masacres y homicidios sin seguir los protocolos adecuados para su identificación. A pesar de la intervención del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía entre 2015 y 2017, aún quedan cuerpos sin recuperar en el lugar.
En cuanto al predio donde se ubica el aeropuerto ‘Gustavo Rojas Pinilla’, se ha documentado que en este lugar miembros de la fuerza pública habrían inhumado de manera irregular cuerpos de campesinos retenidos y torturados, quienes fueron señalados de pertenecer a grupos al margen de la ley.
Ante esta situación, la JEP determinó la protección de siete puntos de interés forense en áreas cercanas al aeropuerto ‘Gustavo Rojas Pinilla’ en Cimitarra, Santander, por un período de un año. Esta medida se adopta para resguardar posibles restos de personas desaparecidas que podrían estar en riesgo.
La magistrada Jaramillo enfatizó la importancia de estas decisiones en el contexto de búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia. La JEP reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la identificación y esclarecimiento de casos relacionados con desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos.
En conclusión, la JEP asumió medidas para garantizar la protección y el adecuado manejo de los lugares donde se presume la presencia de restos de personas desaparecidas en el municipio de Cimitarra, Santander. Estas acciones buscan contribuir a la verdad, la reparación y la no repetición en el marco del proceso de justicia transicional en Colombia.
JEP ofreció al expresidente Uribe acreditarse como víctima por atentados de las Farc
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha contactado en las últimas horas al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez para ofrecerle la posibilidad de acreditarse como víctima ante dicho tribunal, según reportó la emisora W Radio.
Este ofrecimiento se enmarca dentro del macrocaso 10, conocido como “Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”, el cual se centrará en el atentado durante la toma de posesión de Uribe Vélez como presidente el 7 de agosto de 2002.
Durante dicho evento, que tuvo lugar en el centro de Bogotá mientras el presidente electo daba su discurso frente al Congreso de la República, se registró un violento ataque en el que murieron 17 personas, incluidos habitantes de calle, y otras 60 resultaron heridas debido al lanzamiento de más de cien morteros por parte de la guerrilla.
Las fuentes de la emisora indicaron que incluso se ofreció al expresidente una reunión para explicarle detalladamente en qué consiste la investigación y por qué es relevante que se acredite como víctima ante la JEP.
En una conversación con el medio, Álvaro Uribe Vélez mencionó que, a pesar de haber sido víctima de 17 atentados, nunca ha reclamado ser reconocido como tal en ningún proceso. “He sufrido 17 atentados y nunca me he declarado víctima. Las Farc asesinaron a mi padre, nunca nos declaramos víctimas. El ELN ha destruido propiedades de mis hermanos; nunca nos hemos declarado víctimas”, expresó.
El expresidente también destacó la magnitud de la tragedia durante el atentado del 7 de agosto de 2002, subrayando la necesidad de reconocer y reparar a las víctimas. Este ataque perpetrado por las Farc buscaba presionar a Álvaro Uribe Vélez para que adoptara medidas humanitarias ante los desafíos planteados por el grupo ilegal. Sin embargo, lejos de ceder, el entonces presidente declaró el estado de conmoción interior y reforzó la capacidad militar del estado contra las Farc.
La JEP ha anunciado que solicitará la revisión de documentos y archivos pertenecientes a la Policía, el Batallón de Infantería, la Guardia Presidencial, entre otras instituciones, relacionados con la toma de posesión de Uribe y los ataques con mortero atribuidos a las Farc.
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