Gobierno tendrá que pagarle a las EPS los recursos que les debe: tiene dos meses, según la Corte Constitucional

En medio de la disputa por el manejo de los recursos del sistema de salud entre el Gobierno nacional y las EPS, surgió una nueva decisión judicial de la Corte Constitucional que señala un incumplimiento de los pagos que debe hacer el Estado por servicios prestados a los pacientes.

La decisión se tomó en medio del seguimiento que realiza el alto tribunal a la Sentencia T-760 de 2008 para la garantías del derecho fundamental a la salud. En medio de ella se emitió un auto el 20 de noviembre de 2022, en la que se declaró que el Estado había incumplido la orden vigesimocuarta que corresponde a la sostenibilidad financiera y al flujo de recursos del sistema de salud.

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La Corte se volvió a pronunciar respecto a esa decisión, específicamente por cuenta del pago de los recobros, que corresponden a los servicios brindados a los pacientes, que no se encuentran financiados por la UPC ni los Presupuestos Máximos del sistema.

En medio del estudio de la sentencia, Acemi señaló que se debían al menos 3.5 billones de pesos por concepto de recobro, que coincidía en medio del llamado que hizo el gremio de las aseguradoras a mediados del año pasado, señalando que estaba en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

La Corte Constitucional requirió a las autoridades y pasó cuentas respecto a los pagos y las deudas, encontrando varios incumplimientos. El primero de ellos señaló que en el año 2023 no se había efectuado el pago total de la deuda que ya venía desde el 2022.

Según el alto tribunal, también se encontraron montos sin cancelar que evidenció montos sin cancelar que sí habían sido pactados dentro del Acuerdo de Punto Final, una norma en la que el Gobierno se comprometió a pagar acumuladas con EPS e IPS, entre otros actores del sistema con corte al 2019, para evitar que avanzara.

Dentro de los incumplimientos, la Corte también señaló que hay deudas que no se negociaron dentro del acuerdo porque se encuentran en procesos judiciales. Además, sostuvo que el compromiso no habría logrado su objetivo debido a que desde el 2020, por cuenta de la pandemia de covid-19, se ha aumentado la deuda en favor de las EPS e IPS por prestación de servicios bajo recobro.

“Sumado a los valores pendientes, la Sala identificó que los actores del sector salud señalaron que, en relación con la nueva deuda que estaba surgiendo en materia de recobros -a partir de 2020-, se les adeudaba más de un billón de pesos por este motivo, y que el origen de esas obligaciones se relacionaba, en gran medida, con servicios prestados durante la emergencia por Covid-19″, informó el alto tribunal.

En medio de las diligencias, Acemi sostuvo que sus cuentas por concepto de recobro sumaban 3.7 billones, pero en las facturas aprobadas por la Adres, solo se había establecido 1.1 billones. “Sobre los recobros agregó que esta figura se mantiene para cubrir nuevas tecnologías que no están siendo asumidas por otros sectores, por concepto de los cuales la deuda asciende a $3 billones”, se lee en la sentencia.

En cuanto a Getersalud, que reúne a siete EPS, señalaron que la deuda por recobros era de 15 mil millones sobre los que no se ha llegado a consenso para el pago entre las entidades y la Adres, otros 15 mil millones en discusión y otros 5 mil millones en sede judicial.

En ese sentido, la Corte Constitucional le dio al Ministerio de Salud dos meses para que desembolse la totalidad de los dineros que fueron aprobados en el Acuerdo de Punto Final que no han sido pagados desde el momento de la comunicación del auto.