
Una jueza de Cúcuta emitió sentido condenatorio el miércoles 31 de enero de 2024 al coronel en retiro del Ejército Nacional Jorge Armando Pérez Amézquita y otros tres exintegrantes de la institución castrense, por el crimen de Dimar Torres Arévalo, ocurrido el 22 de abril de 2019 en la vereda Carrizal de Convención (Norte de Santander). Un suceso que causó conmoción por la forma en que fue encontrado su cadáver.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación demostró en juicio que el alto oficial ordenó a las unidades militares que operaban en la zona asesinar a Torres, debido a que creía había instalado un campo minado en cercanías al oleoducto Caño Limón Coveñas: una acción en la que murió un soldado de uno de los pelotones al mando de Pérez Amézquita, por lo que dio la instrucción de dar con su paradero.
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El desmovilizado del grupo subversivo fue interceptado mientras se transportaba en una motocicleta y le propinaron cuatro disparos con fusil que causaron su deceso. Al menos ese es el reporte que entregó la Fiscalía sobre este homicidio, aunque versiones de prensa hablan que fueron siete los impactos que cegaron la vida de Dimar Torres en un sector fronterizo con Venezuela.
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Según el relato de los hechos, los uniformados ocultaron la moto luego de ultimar a Torres en los alrededores de la base Sinaí del Ejército y cavaron una fosa común en la que tenían como propósito enterrar el cuerpo del firmante, que durante el conflicto armado con la extinta guerrilla hizo parte del frente 33 y a sus 39 años le había apostado a la desmovilización para rehacer su vida.
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El caso fue mediático debido a la forma en que el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero manejó la información relacionada, por lo que tuvo que afrontar una moción de censura. La versión que entregó el jefe de la cartera sugería una riña en la que Torres, según fue informado, habría intentado desarmar a uno de los uniformados, en un instante en el que se habría accionado su arma de fuego.
El deseo de Torres de poner un galpón con la ayuda económica que le giraba el Estado por haberse desmovilizado, luego del acuerdo de paz alcanzado en La Habana (Cuba), no se pudo consumar. Así como sus padres, personas de la tercera edad, quedaron desamparados, pues dependían de Dimar, al que le arrebataron su vida en un asesinato que todavía causa indignación en esta parte del territorio nacional.
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Los delitos imputados a los militares que asesinaron a Dimar Torres
Mientras Pérez Amézquita deberá responder por el delito de homicidio agravado en persona protegida, los soldados Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón fueron imputados por el favorecimiento para la comisión de homicidio en persona protegida. Al alto oficial, lo habían inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos; y a los demás por 12 años.
Cabe destacar que en este caso, el cabo Daniel Eduardo Gómez ya había sido condenado a 20 años, luego de lograr un preacuerdo con la Fiscalía, a cambio de haber reconocido el asesinato de Torres y de entregar información relevante que incriminó a los demás exintegrantes de las Fuerzas Militares en el crimen. Además de esta pena, Gómez fue inhabilitado para trabajar con el Estado por 14 años.
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La pena en contra de los imputados se conocerá el 13 de febrero, en tanto que se ordenó su captura inmediata, para que cumplan la condena que les será impuesta en dicha diligencia. Esto luego de que en junio de 2022 un juez penal de control de garantías de Norte de Santander los dejó en libertad por vencimiento de términos; al parecer, por demoras en la investigación del ente acusador.
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