Funcionarios de la Alcaldía de Pereira fueron sancionados y pagarán cárcel: estas son las razones

El Juzgado Décimo Penal Municipal de Pereira sancionó con arresto de cinco días y una multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes ($13.000.000) en favor del Consejo Superior de la Judicatura, al alcalde Mauricio Salazar Peláez y a Diana Cristina Grisales, secretaria de Desarrollo Social encargada, tras incumplir con un fallo de tutela que protegía los derechos fundamentales de los habitantes de calle que resultaron beneficiados en un programa de albergue.

Por lo anterior, el juzgado calificó la actuación de los funcionarios como una vulneración a la dignidad humana, igualdad, seguridad social y el derecho a la salud de este colectivo.

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La controversia surgió cuando, antes de finalizar 2023, los usuarios del programa ofrecido por la alcaldía y la fundación Asociación Ciudad Futuro fueron notificados del cese de contrato a partir del 30 de diciembre de ese año. Frente a la situación, se presentó una acción de tutela ante el posible daño de los derechos fundamentales, conduciendo a la orden judicial de tomar medidas pertinentes en un plazo máximo de 48 horas, desde el 29 de diciembre, para garantizar la asistencia a los afectados por 20 días, hasta el 20 de enero de 2024. Sin embargo, con la llegada del 2 de enero de 2024, se reportó un incidente de desacato, dado que no se habían implementado las soluciones ordenadas.

Es así que el incidente ha tenido como consecuencia que el Juzgado Décimo Penal Municipal remita copias del caso a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de investigar posibles conductas penales de los funcionarios implicados. De igual forma, la disposición se toma en respuesta a la inacción de la alcaldía frente a la urgente necesidad de atención a la población vulnerable en situación de calle de la capital de Risaralda.

Otros funcionarios envueltos en conflictos legales

El Consejo de Estado de Colombia investiga acusaciones de doble militancia y otras irregularidades electorales contra ocho gobernadores del país, incluyendo a Carlos Amaya, de Boyacá, quien ha sido denunciado por su exaliado Miguel Alberto Vergara Sandoval. El resto de los mandatarios investigados corresponden a los departamentos de Córdoba, Putumayo, Chocó, Arauca, Meta, Magdalena y Antioquia.

En detalle, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, enfrenta una demanda interpuesta por su rival político Luis Pérez, quien alega “ataques sucios” y posible fraude durante la campaña electoral del 29 de octubre de 2023. La petición incluye la anulación de la elección, la cancelación de la credencial y la convocatoria de nuevos comicios. Este caso se distingue de los otros por centrarse en el contexto de la campaña más que en la doble militancia.

Ahora, entre los casos de doble militancia, Renson de Jesús Martínez, gobernador de Arauca, es señalado tanto por presuntos vínculos con el ELN como por respaldo a candidaturas ajenas a su partido político. Situaciones parecidas se presentan en Córdoba, Magdalena, Chocó, Meta y Putumayo, donde los gobernadores Erasmo Zuleta, Rafael Martínez, Nubia Córdoba, Rafaela Cortés Zambrano y Carlos Andrés Marroquín, respectivamente, son investigados por apoyar candidaturas de partidos o coaliciones con las que oficialmente no estaban alineados para las elecciones.

Finalmente, la denuncia contra Carlos Amaya destaca por provenir de un antiguo amigo, quien argumenta que el gobernador de Boyacá incursionó en la doble militancia al apoyar candidatos de otro partido después de haberse inscrito con el movimiento Boyacá Grande. Estas investigaciones podrían desembocar en la anulación de las elecciones de los gobernadores implicados si se comprueban las irregularidades señaladas.