
Después de que el Gobierno nacional derogara el decreto que prohibía el porte y consumo de dosis mínimas que se impuso durante el mandato de Iván Duque, además de darle potestad a los alcaldes para definir los espacios en los que sería permitido o restringido el uso de sustancias psicoactivas, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna aseguro que la medida adoptada por Gustavo Petro es un paso para discutir con mayor seriedad la legalización de las drogas.
Durante una entrevista concedida a Cambio, el jefe de cartera aseguró que la medida no tiene como propósito que los mandatarios locales consideren los factores de sus municipios y ciudades, y permitan flexibilizar las medidas según las condiciones de cada región. Sin embargo, varios expertos han criticado que la decisión podría vulnerar los derechos de una población consumidora en zonas donde los alcaldes se oponen rotundamente al porte y consumo.
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“La legislación vigente permite esa política más restrictiva o menos restrictiva de acuerdo con los municipios. Eso es precisamente lo que hace la ley cuando les da esa atribución a los alcaldes. El panorama un poco más completo es el siguiente: por lo que ha dicho la Corte Constitucional desde hace más de treinta años y lo que establece la Constitución, algunas leyes, si bien el comercio, la distribución y la fabricación de drogas en Colombia están prohibidos y severamente penalizados, el consumo está permitido. Yo sé que hay una paradoja. Paradoja de muchos países del mundo”, aseguró Osuna al medio citado.
Asimismo, el ministro aseguró que, con la decisión de la Corte Constitucional, el trabajo de los mandatarios locales no se debe enfocar en la prohibición, porque estarían atentando contra la ley, sino en la forma de encontrar una restricción que no vulnere los derechos tanto de consumidores como no consumidores.

“Habida cuenta de que, así como ocurre con el tabaco o con el alcohol o con otras sustancias, su consumo, así completamente abierto, puede vulnerar derechos o algunos intereses o alguna sensibilidad de algunas personas, sin llegar a la prohibición se puede restringir. Y ahí es donde la ley les corresponde a las alcaldías establecer unas restricciones que no pueden llegar a ser prohibición”.
Incluso, Osuna entregó algunas recomendaciones para los alcaldes que podrían ser usadas por los mandatarios para no coartar a una población específica, después de que la alta corte le pidiera al Gobierno nacional crear un protocolo para la regulación de sustancias psicoactivas. Incluso, el funcionario señaló que la Corte Constitucional ha entendido que tratar el tema de drogas resulta de vital importancia, al tiempo que encuentra difícil su regulación.
“¿Cómo se puede restringir sin llegar a prohibir? Que el punto de partida es, si no hay ninguna restricción: el consumo es abierto en cualquier lugar del espacio público. Pero sí, usted lo puede restringir en la calle donde queda la escuela o en este horario, cuando el parque es más frecuentado por niños y niñas, de las 2 de la tarde que salen de la escuela hasta las 8 de la noche… pero después de las 8 de la noche es una cosa más lúdica de adultos, entonces hay ya que permitirlo, o hay ya no restringirlo, porque la permisión ya está establecida, lo que se pone es establecer las restricciones”.
Sin embargo, dicho protocolo de 28 páginas expedido por el Gobierno nacional parece no sentarle bien a algunos mandatarios locales, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha puesto en firme su postura frente al consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, anticipando la implementación de nuevas medidas regulatorias en el Distrito de Medellín.

En una reciente intervención, el mandatario cuestionó a aquellos que, según su perspectiva, “romantizan el consumo” y prometió revelar, en los días venideros, una serie de acciones dirigidas a erradicar el consumo de drogas en lugares como escenarios deportivos, escuelas y parques. Gutiérrez enfatizó su mensaje con un contundente “Chao consumo y jíbaros” en dichos entornos.
Las medidas que serán decretadas buscarán especial protección para la infancia, asegurando espacios libres de drogas para los niños y niñas de Medellín. “Los vamos a proteger y cuidar”, aseguró Gutiérrez al referirse a los menores y al compromiso de la administración para con ellos.
Además, mencionó un aumento en los habitantes de calle vinculado al consumo de sustancias, adelantando que proporcionará datos y estadísticas sobre cómo este fenómeno ha afectado especialmente a la población joven de la ciudad. El alcalde remarcó la importancia de la asistencia para aquellos que han caído en el ciclo del consumo y subrayó las consecuencias destructivas que esto tiene en las familias y la vida de los individuos.
En sus declaraciones, Gutiérrez también expuso su perspectiva sobre el derecho al consumo: “Si la gente tiene derecho a consumir, que se vaya para su casa”, y cuestionó la idoneidad de hacerlo en presencia de menores. Criticó la visión positiva que algunos pueden tener sobre drogas como la marihuana, señalando la pérdida de control sobre la vida que pueden provocar y la dificultad de recuperación de la adicción.
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