El Museo de Memoria de Colombia es, tal vez, el proyecto más importante del Centro Nacional de Memoria Histórica. Las obras comenzaron en 2020, luego de que en 2011 se ordenara su construcción a través de la Ley de Víctimas. Según el cronograma, el museo debía abrir sus puertas al público en 2022, sin embargo, esto no sucedió, por lo que los entes de control pusieron la lupa sobre el proyecto.
En febrero de 2023, la Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a las obras del Museo de Memoria de Colombia y advirtió que el proyecto podría quedar inconcluso por falta de recursos. El 11 de enero, la Contraloría General de la República anunció que, tras desarrollar una auditoría de cumplimiento al Centro de Nacional de Memoria Histórica, encontró irregularidades por cerca de $13.000 millones.
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De acuerdo con información del entre de control fiscal, luego de la auditoría que hizo la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, “se determinaron 3 hallazgos fiscales con presunta incidencia fiscal por $12.998 millones”.
El hallazgo más significativo, según se advirtió desde la Contraloría, consistió en debilidades en la planeación y calidad en los procesos constructivos del proyecto, que vale la pena recordar tiene como objeto: “Realizar la Construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia, en la ciudad de Bogotá D.C, bajo la modalidad a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste”.
Esto último es crucial, pues la Contraloría encontró irregularidades en pagos relacionados con: equipos, obras parcialmente ejecutadas, obras no recibidas a satisfacción, elementos de concreto que no cumplen la resistencia contratada, obras duplicadas y supervisión por parte de la interventoría, que le costaron $10.664 millones al erario.
¿Qué encontró la Contraloría en la auditoría al Museo de Memoria?
En la auditoría también se evaluó el grado de eficiencia y eficacia de los mecanismos y/o sistemas de control interno implementados para la ejecución de los recursos asignados a la Construcción, que dejó como resultado que la Contraloría estableciera el Incumplimiento Material con Conclusión Adversa, pues encontraron las siguientes falencias en el contrato y en la ejecución del mismo:
- falta de planeación,
- falta de calidad en los procesos constructivos,
- incumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en la reglamentación y normatividad vigente,
- indebida supervisión y vigilancia de la ejecución del proyecto,
- falta de coordinación y seguimiento eficiente a la ejecución de los contratos y de los recursos,
- falta de conocimiento o de la aplicación oportuna de acciones de control incluidas en los contratos,
- determinaciones en controversia con el desarrollo de los proyectos y
- deficiencia de gestión frente al control financiero de los contratos y pagos.
Por lo que se configuraron cinco hallazgos que tienen incidencias disciplinarias y las tres fiscales que se enunciaron.
¿Qué dicen desde el Centro de Memoria Histórica y la Agencia Nacional Inmobiliaria?
Hay que recordar que la obra la está ejecutando la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, a través de un convenio interadministrativo celebrado con el Centro Nacional de Memoria Histórica, y que el contratista que adelantaba las obras era Obrascon Huarte Laín S. A., constructora que, de acuerdo con información de W Radio, recibió $41.622.718.488 para ejecutar el proyecto.
Sin embargo, en octubre de 2022, se venció el contrato, luego de numerosos incumplimientos por parte de la constructora, que terminó demandando al Estado. Sobre esto, Nicolás Corso, director encargado de la Agencia Nacional Inmobiliaria, le dijo a W Radio: “Interpusimos una demanda contra el consorcio, como la interventoría, y al asegurador, y estamos esperando que nos den la audiencia de conciliación”.
Por su parte, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán, dijo que en efecto hubo incumplimientos por parte de la constructora, pero que esto no es óbice para que las obras no sigan, también desestimó que se fueran a perder los cerca de $13.000 millones que advirtió la Contraloría:
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