En un episodio que marcó la temporada de vacaciones de inicio de 2024, la vía Ciénaga-Barranquilla se vio afectada por una nueva amenaza: los retenes humanos ilegales que surgieron en el corregimiento de Tasajera, en el municipio de Puebloviejo.
Durante las festividades previas a los carnavales, los residentes locales se disfrazaron y crearon situaciones caóticas en la carretera con el objetivo de extorsionar a los conductores que transitan por la Troncal del Caribe.
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Estos retenes humanos, conformados por miembros de la comunidad local, adoptaron estrategias inusuales para solicitar dinero a los conductores desprevenidos. Con máscaras y maquillajes para ocultar su identidad, las personas se colocaron estratégicamente en la vía para bloquear el paso de vehículos y así presionaron a los conductores para que entreguen dinero a cambio de poder continuar su camino.
Esta actividad ilegal no solo generó congestiones en la carretera, sino que también aumentó el riesgo de robos y agresiones a los usuarios. Algunos conductores compartieron sus experiencias en redes sociales, describiendo cómo fueron víctimas de la extorsión y, en algunos casos, insultados y agredidos por los individuos disfrazados que se interponen en la vía nacional.
A pesar de los esfuerzos anunciados por la Policía para aumentar su presencia en la vía y llevar a cabo controles, los habitantes de Tasajera desafían a las autoridades, incluso arriesgan sus propias vidas al cruzarse frente a todo tipo de vehículos que transitan por la Troncal del Caribe.
Los retenes humanos en la vía Ciénaga-Barranquilla es un problema viejo que afecta a la comunidad
En la vía que conecta Santa Marta con Barranquilla, específicamente en la zona de Tasajera, en junio de 2023 se reveló la problemática que generó preocupación entre los usuarios de esta importante ruta. Diferentes videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de retenes ilegales protagonizados por jóvenes armados con palos y piedras, ellos exigían el pago de $5.000 a los conductores que intentan cruzar la vía.
La situación se tornó más compleja al observar las imágenes donde la comunidad, que se incluyeron a menores de edad, colocaban obstáculos en el camino con el fin de bloquear la circulación vehicular de manera arbitraria. Testimonios como el de Ana María Abello, analista política y abogada, describieron cómo, al pasar el peaje Tasajera, se encontraron con camiones retenidos y parqueados en el costado derecho de la vía, sin una explicación clara de lo que ocurría. Algunos camiones optaron por rodear la obstrucción, lo que evidenció la falta de comunicación y orden en la situación.
El motivo detrás de estos retenes ilegales parecía ser una respuesta a la falta de soluciones gubernamentales ante la carencia de agua potable en la comunidad; sin embargo, la protesta se extendió a la exigencia de dinero a los conductores que transitaban por la zona. Este cambio de enfoque llevó a que situaciones como estas se conviertan en algo “típico y normal” en una de las vías principales de la región Caribe.
Esto quedó patente cuando, siete meses después, la situación persiste, evidenciando que el problema no ha sido resuelto y generando la demanda de una respuesta ante esta problemática por parte de la población.
La ausencia de las autoridades en el momento de estos retenes ilegales fue una constante según las víctimas de estas extorsiones. El mayor Walter Ortiz, jefe de la Policía de Tránsito de Santa Marta para el momento de los hechos, justificó estas manifestaciones de la comunidad como una forma de presionar a las empresas de servicios públicos o a la Administración Municipal para obtener respuestas a sus demandas.
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