La polémica por la cancelación de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla, por parte de la Organización Deportiva Panamericana, continúa.
El presunto incumplimiento del Gobierno en pagos para la organización del evento, ha causado revuelo entre dirigentes políticos, deportistas, celebridades, entre otros. La mayoría critica al presidente Gustavo Petro y al Ministerio del Deporte, señalándolos de ser los culpables de una de las noticias más lamentables en materia deportiva, con las que el país inició 2024.
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El turno ahora fue para los diputados de la Asamblea del Atlántico, quienes a través de una carta dirigida a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, se refirieron con “profunda preocupación y descontento” sobre el tema:
“Es lamentable que nos encontramos en un escenario de incertidumbre debido a la falta de pagos, situación que amenaza la permanencia de Barranquilla como sede de tan prestigioso evento deportivo. Reconocemos las complejidades presupuestarias que enfrenta el país, sin embargo, no podemos pasar por alto la importancia de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo estos juegos, tanto por parte del Ministerio del Deporte como de todas las instancias gubernamentales”.
Seguido, el grupo de miembros de la Asamblea del Atlántico, dentro de los que se encuentra Nicolás Petro, expusieron las razones por las cuales consideran que las justas deportivas son importantes para la Barranquilla y Colombia:
“Los Juegos Panamericanos representan no solo una vitrina para el potencial turístico y deportivo de Barranquilla y el Atlántico, sino también una oportunidad invaluable para impulsar la economía y dejar un legado duradero en términos de infraestructura deportiva. La reconstrucción exitosa del Estadio Edgar Rentería para los Juegos Centroamericanos y del Caribe es un ejemplo claro de los beneficios que este tipo de eventos pueden brindar a nuestro departamento”.
Y solicitaron acelerar el trámite para la realización de los Juegos Panamericanos: “No podemos dejar de señalar la importancia del compromiso del Ministerio del Deporte en la agilización de los procesos necesarios para garantizar la realización de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla”.
“Confiamos en que su intervención rápida y decidida, alineada con la visión del Ministerio y el Gobierno nacional hacia una economía más productiva, garantizará que Barranquilla siga siendo la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Este evento no solo es un logro deportivo, sino también un paso clave hacia un país que priorice el deporte y la cultura, reflejando los ideales delineados en su plan de gobierno”, concluyeron los diputados del Atlántico.
Pese a que el Ministerio del Deporte ha dicho que llegaron a un acuerdo con Panam Sports para completar la deuda de la organización de los Juegos Panamericanos el 30 de enero de 2024, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, advirtió que detrás de la polémica decisión de cancelar la ciudad sede, hay “intereses oscuros”.
“La esperanza es lo último que se pierde y vamos a seguir luchando, es bastante difícil, porque la gente de Panam Sports en cabeza de Neven Ilic, están cerrados, también hay manos oscuras en todo este proceso, siempre tuvimos un palo en la rueda de un país que creíamos que era hermano deportivamente como Paraguay. Hay una persona que siempre ha tenido interés en hacer los Juegos desde el momento que Colombia tuvo dificultades con los pagos”, dijo Solano en Caracol Radio.
Mientras la polémica continúa y sigue saliendo a la luz información de lo que realmente sucedió alrededor de la cancelación de los Juegos Panamericanos, si fue incumplimiento del Gobierno o si hay algo más detrás, los organismos de control en Colombia adelantan investigaciones de carácter disciplinario y fiscal.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, requirió explicaciones a la ministra del Deporte, mientras que la Contraloría aseguró que están en riesgo US$2.250.000 girados por el Distrito de Barranquilla, en el marco del contrato de Ciudad Sede suscrito entre Panam Sports y el Gobierno.
Por este posible daño patrimonial, el vicecontralor en funciones de contralor, Luis Carlos Abadía, pidió a la cartera del Gobierno acordar consenso y entregar posibles soluciones por el presunto incumplimiento del contrato.
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