La Contraloría Distrital de Medellín presentó el informe definitivo de la auditoría financiera y de gestión para el periodo 2022, que dejó en evidencia una vez más las irregularidades en el manejo de la caja menor de Daniel Quintero durante su paso por la Alcaldía de Medellín.
El ente de control fiscal realizó una auditoría sobre el 50,26% de las facturas de 2022, que registraron $151′947.162 y la totalidad de los recibos del primer semestre de 2023, que corresponden a $158′798.029.
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En los resultados se detectaron dos hallazgos administrativos, un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria y un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. EL total de los hallazgos suma $5.686 millones.
Lo que halló la Contraloría
El primer hallazgo corresponde a rubros sin cuantificación, debido a que en las resoluciones con las cuales se abrió el fondo fijo para las vigencias 2022 y 2023 no se registró el monto programado para su ejecución en cada uno de los rubros presupuestales.
Así lo indica el informe de la Contraloría: ”Esta situación se presentó por el desconocimiento normativo de los responsables de administrar y controlar estos recursos y en la ausencia de la planeación del gasto, lo que posibilidad erogaciones que incumplan los requisitos para ser atendidos con cargo a este”.
Sobre el segundo hallazgo, el ente de control fiscal encontró una falta de autorización y certificación de los gastos realizados en restaurantes de Medellín, el Valle de Aburrá y otras ciudades del país.
Se tratarían de cientos de millones de pesos destinados a comprar en tiendas como Starbucks o el restaurante de comida rápida El Corral, lo que generó un presunto detrimento patrimonial de más de $117 millones.
Según el organismo de control, el ordenador del gasto solo autorizó y certificó $7′799.790 de los $124′566.0005 que se desembolsaron por concepto de restaurantes para atender reuniones de carácter oficial que se encontraban en la agenda del alcalde.
“Lo que permitió que se realizaran compras individuales o personales (un combo, un ejecutivo, entre otros), y en algunos casos, compras de comida suntuaria, afectando la eficiencia del gasto público”, indicó la Contraloría.
Así las cosas, “se asumieron gastos con cargo al fondo fijo que debieron ser cancelados con recursos de los viáticos”.
La Contraloría también encontró gastos autorizados de la siguiente manera:
- $119 millones en souvenirs sin soporte.
- $182 millones para abastecer la cocineta del despacho del alcalde.
- $47 millones para el pago de peajes.
- $17 millones para arreglos flores.
El último hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria tiene relación con los incumplimientos del ordenador del gasto y pagador porque, según los registros auditados, “no se evidenció que los gastos presentara el visto bueno del ordenador del gasto, donde conste que autorizó el pago de la erogación contraída”.
La entidad señaló que estos gastos pudieron hacerse bajo la figura de contratación, pues eran gastos recurrentes pero “innecesarios para el uso del fondo fijo reembolsable”.
Juan David Duque, que ejerció como secretario privado de Daniel Quintero en medio de su periodo como alcalde de Medellín, y que fue el encargado de aprobar y gestionar los recursos del fondo fijo reembolsable, fue destituido de su cargo después de que el Concejo de Medellín lo declarara “insaubsistente”.
La determinación del recinto tenía sus bases en que el exfuncionario también estaría involucrado en algunas de las investigaciones que ha llevado a cabo la Procuraduría y Contraloría General de la Nación por irregularidades en la administración de Quintero.
Las investigaciones también recaen sobre Gloria Patricia Agudelo, quien fue la pagadora de la caja menor de la alcaldía, y Uriel Gómez Grisales, contralor auxiliar de Medellín, que habría sido cercano a Quintero.
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