En medio de la visita del canciller Álvaro Leyva a Haití para abrir de manera oficial el consulado de Colombia en ese país, el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, y un funcionario de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, entraron al centro de reclusión de Puerto Príncipe para hacer una visita de carácter humanitario a los 17 connacionales privados de la libertad, por su presunta participación en la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrida en 2021.
El canciller Leyva ha indicado que se debe hacer una gestión humanitaria para evaluar las condiciones de detención de los exmilitares colombianos y ofrecer asistencia consular, especialmente luego de la apertura del consulado, cuyo principal fin es apoyar a los connacionales que residen en ese país.
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De hecho, durante el acto de apertura de la sede en Puerto Príncipe, el canciller aseguró que ese será el espacio para atender a los colombianos que viven en Haití, especialmente a “aquellos que se encuentran privados de la libertad”, refiriéndose justamente a los acusados de la muerte de Moïse.
Según las denuncias de los familiares y la Defensoría del Pueblo, los exmilitares están detenidos en condiciones precarias de salud, alimentación y hacinamiento. A eso se le suma que no ha iniciado formalmente el proceso judicial en su contra.
Durante la visita, los funcionarios distribuyeron kits de higiene personal a los ciudadanos y entregaron las cartas que habían enviado sus familiares desde Colombia. También tuvieron la oportunidad de hablar individualmente con cada uno de los connacionales para conocer sus necesidades y recolectar mensajes para transmitir a sus familias en territorio colombiano.
En noviembre, la cónsul en Puerto Príncipe, Vilma Velásquez, y el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Legales de la Cancillería, Andrés Mendoza, realizaron una inspección para evaluar la condición de los colombianos detenidos, su estado de salud y situación legal. Además, se recabaron sus necesidades para proporcionar la atención consular adecuada. Tras la visita, la Cancillería proporcionó un informe sobre la visita a los familiares de los detenidos.
El asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrió el 7 de julio de 2021 hacia la 1:00 a. m. (hora local) en Pétion-Ville, una comuna de Puerto Príncipe.
Moïse se encontraba en su residencia con su esposa, cuando un grupo de desconocidos irrumpió violentamente para asesinarlo. Su esposa, la primera dama Martine Moïse, sobrevivió al ataque, pero recibió graves heridas y tuvo que ser evacuada a Fort Lauderdale, Florida, en Estados Unidos, donde fue hospitalizada.
Al principio, el primer ministro Claude Joseph culpó del ataque a “un grupo de individuos no identificados, algunos de los cuales hablaban en español”.
La Policía de Haití mató a cuatro sospechosos de haber participado en el ataque y detuvo a otros dos. Poco después se reveló que se había descubierto a 28 supuestos sospechosos, 26 de los cuales son colombianos y dos, haitianos de nacionalidad estadounidense.
Posteriormente, el entonces director de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas, anunció que cuatro empresas habían reclutado a los mercenarios para cometer el magnicidio y que 13 de los que presuntamente participaron son militares retirados del Ejército colombiano.
Una de las empresas es CTU Security, con sede en Doral Beach, Miami, Estados Unidos, que es dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.
Quien dirigía el grupo de mercenarios que supuestamente asesinaron al presidente de Haití era Germán Rivera García, capitán retirado colombiano, que supuestamente recibió 50,000 dólares para la logística en Puerto Príncipe desde Miami vía Western Union. También se determinó que los pasajes aéreos para trasladar a los colombianos hacia Haití fueron comprados a través de la empresa Worldwide Capital, del ecuatoriano Walter Veintimilla.
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