Cinco individuos, incluida una mujer, fueron arrestados por agentes de la Policía de Sucre por delitos de asociación ilícita y monopolio. Estos arrestos tuvieron lugar como respuesta a procesos legales en los que se les acusa de concierto para delinquir y participar en actividades monopolísticas ilegítimas de carácter rentístico.
El grupo de ciudadanos es señalado por afectar significativamente las finanzas de empresas formales y, como consecuencia, mermar las rentas del departamento de Sucre mediante prácticas de evasión de impuestos.
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Los cinco detenidos fueron requeridos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Galeras, según la solicitud de la Fiscalía 12 Seccional de Sincelejo. Los individuos identificados como Filadelfo Manuel Atencia Beltrán, Luis Emiro Romero Borja, Julio José Martínez Acosta, Ana Milena Lobo Cárdenas y Luis Gabriel Atencia Hernández, enfrentan requerimientos judiciales por concierto para delinquir.
Las autoridades, tras un extenso proceso de indagación, han conseguido detallar el mecanismo mediante el cual se llevaba a cabo esta evasión fiscal. Aunque no se ha divulgado la cantidad exacta de impuestos evadidos, se entiende que la suma afectaba considerablemente el presupuesto destinado para el desarrollo y bienestar del departamento. La captura de los involucrados se produjo en un contexto donde la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal se ha intensificado.
De acuerdo con las autoridades, la ilegalidad en las rifas y el chance abundan en Sincelejo, San Marcos, San Onofre, Corozal, San Benito, Palmito, Majagual y Sucre.
Esta actividad ilícita no solo compromete la viabilidad económica de las corporaciones legalmente establecidas, sino que también impide el correcto flujo de ingresos tributarios destinados al progreso y desarrollo de la región.
Las acciones policiales obedecen a una estrategia de las autoridades para desmantelar estructuras criminales que afectan la libre competencia económica.
El 2021 sentó un precedente
Durante 2021, las rifas ilegales generaron pérdidas mensuales de $1.000 millones en Sucre. En el desarrollo de un operativo, en enero de ese año fueron decomisadas 13 mil boletas incautadas, lo que representaron pérdidas por 30 millones de pesos.
De acuerdo con el diario El Heraldo, dichas pérdidas también afectaron al sector salud, pues por cuenta de esta ilegalidad el departamento dejó de recibir 100 millones de pesos mensuales que al año representan $1.200 millones.
Chaparro destacó el trabajo que realiza la Policía de Sucre, pero hizo un llamado a la ciudadanía para que apueste legal, “porque hacerlo ilegalmente es una estafa y afecta las regalías para la salud que van a parar a los hospitales. Hay que tomar conciencia y apostarle a la legalidad”.
Acción castigada penalmente
Según la compañía de Lotería de Bogotá, el hecho de hacer rifas de manera ilegal, los implicados pueden asumir consecuencias legales y financieras.
La realización de rifas sin autorización conlleva sanciones económicas y penales en caso de que individuos, empresas o establecimientos ejecuten estos eventos sin las debidas licencias. Los infractores se enfrentan a multas que oscilan entre los 500 y 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), lo que representa una sanción monetaria significativa, además del riesgo de prisión por un periodo de 6 a 8 años.
En el caso de que personas o establecimientos hagan rifas sin ser autorizados, se cerraran establecimientos, se decomisarán los elementos y/o máquinas de juego y se pondrá en conocimiento de la autoridad competente.
En esa misma línea, cuando se tenga la autorización y se efectúen rifas con elementos no autorizados, además de cinco años de inhabilidad para desempeñar actividades de juegos de azar y suerte.
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