
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) señaló este 5 de diciembre que todo está dado para que el Gobierno nacional cumpla con la regla fiscal en 2023.
“De lograrse una ejecución total del gasto fiscal programado, el déficit fiscal ascendería a 4,4% del PIB, consistente con el déficit en el Balance Primario Neto Estructural exigido por la Ley de la Regla Fiscal, de 1,4% del PIB”, señaló la entidad en un comunicado.
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No obstante, advirtió que hay “retos importantes” para 2024. “El Carf estima que, dada la programación de ingresos estructurales, se tendrán que realizar ajustes de gasto de alrededor de 1,4% del PIB ($23 billones) para cumplir el objetivo de déficit establecido por la Ley de la Regla”, se puede leer en la misiva.
Según el documento, el principal factor de riesgo “es la programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos por $15 billones, bajo el rubro de arbitramento de litigios”. Añadió que si se recauda lo que el Gobierno programó de arbitramento de litigios, “el déficit del Gobierno podría pasar de 4,4% del PIB en 2023 a 5,1% del PIB en 2024″.
De igual modo, la Carf señaló que para el próximo año se aprobó un Presupuesto General de la Nación (PGN) que no deja margen de maniobra ante un posible incumplimiento del plan de ingresos.
“El gasto primario, sin pagos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), crecería $51 billones entre 2023 y 2024 (17,6%) mientras que los ingresos estructurales crecerían $28 billones al descontar los ingresos por arbitramento de litigios”, se puede leer en el comunicado.

También llama la atención sobre el recaudo tributario dada la eliminación de la no deducibilidad de las regalías que había sido incluida en la reforma tributaria, pero que fue tumbada por la Corte Constitucional. Sin embargo, la falta de este ingreso no significaría un impacto fiscal significativo por estar incluido en el ciclo petrolero e incluirse en una Transacción de Única Vez (TUV) por la devolución de los saldos a las empresas mineras.
Por otra parte, la Carf prevé un aumento de deuda de entre 2 y 4 puntos del PIB. “Esta perspectiva resulta preocupante, debido a que reversa la tendencia observada con posterioridad a la pandemia y, especialmente, lo alcanzado en el 2023, como se señaló en el análisis para este año”, indicó el comité.
Ese aumento de la deuda, “pone presión sobre la prima de riesgo y aleja las finanzas públicas del objetivo de consolidación fiscal necesario para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal en el mediano plazo”, indicó el Comité.
De tal manera que el Gobierno deberá realizar recortes que deberán ser evaluados por el equipo del presidente Gustavo Petro, quien ha señalado en ocasiones que ve “viable” la posibilidad de no cumplir con la regla fiscal.

Sobre la ejecución del gasto total programado para 2023, el Carf señaló que “aunque se observa una desviación en algunos supuestos macroeconómicos, que impactan negativamente los ingresos tributarios y de capital en 2023″. Añadió que “los componentes cíclicos de la Regla “permiten compensarlos con el espacio fiscal suficiente, sin necesidad de ajustar el gasto primario”.
Así mismo, debido a una tasa de cambio menor a la que se esperaba y una reducción de la inflación durante la segunda mitad del año, el Comité dijo que “observa una reducción en el pago de los intereses frente a lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
De tal manera que los resultados fiscales para 2023 mostrarían “una disminución importante” de la deuda neta, que pasaría de 57,9% del PIB en 2022 a cerca de 55% del PIB”.
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