Empresa constructora española que habría “tumbado” a Noemí Sanín dejó “tirada” una importante obra en Soacha

El Regiotram de Occidente, un proyecto de tren de cercanías que conectará Bogotá con Cundinamarca, ha suscitado controversia tras la denuncia de Noemí Sanín, exembajadora y excandidata presidencial, quien reclama honorarios no pagados por su trabajo de lobby en favor de la empresa española Torrescamara.

Sanín acudió a la justicia tras años de gestiones que, según su testimonio, facilitaron a la empresa en la licitación adjudicada finalmente a un consorcio chino por valor de 800 millones de dólares, así lo informó la Agencia de Periodismo investigativo (API).

Precisamente, la agencia afirmó que el sistema, que se espera transporte a 44 millones de usuarios al año, prometía revolucionar la movilidad en 105 metros de longitud por tren y 17 estaciones, inspirado en el modelo del tren Tram de Alicante, España.

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Las diferencias entre lo inicialmente propuesto por Torrescamara y los cambios introducidos por las autoridades colombianas generaron discrepancias financieras y técnicas, que dejaron al consorcio español sin el contrato. Se reveló, según la investigación de API, que la inversión resultó inviable ante las modificaciones, el aumento de la prima de riesgo y las exigencias técnicas que hicieron desistir a otros oferentes europeos.

Noemí Sanín, quien representaba intereses de Torrescamara desde 2014, afirma haber organizado reuniones con altos funcionarios, entre ellos el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.

A pesar de su papel en el proyecto, el representante legal de Torrescamara en Colombia, Juan Pastor Ruiz, negó la existencia de un contrato verbal o cualquier remuneración por los servicios de Sanín, controversia que se ventiló en una audiencia virtual el 21 de julio de 2020.

Sanín, frente a la negativa de la firma por reconocer el contrato, responde con una demanda exigiendo lo que considera una justa compensación por su influencia y gestión, así lo informó la Agencia de Periodismo investigativo.

Por otro lado, se destaca que los impasses no solo afectan grandes infraestructuras de transporte, sino también proyectos de servicios básicos en áreas vulnerables.

Torrescamara también lidera un consorcio responsable de las obras de acueducto y alcantarillado de Ciudadela Sucre y Altos de Cazucá, en Soacha, denunciadas por atrasos y presuntas deficiencias técnicas y de seguridad, según la junta de acción comunal local y otros documentos internos que ponen en duda el cumplimiento de la empresa en el plazo establecido, según lo hizo saber El Espectador.

Con una inversión de $56.400 millones de pesos, enfrenta su fase de construcción. La iniciativa, que comenzó a gestarse en 2015, tenía como fecha límite para su culminación marzo de 2023.

Por otro lado, la misma Investigación de la API, informó que la exministra y expolítica Noemí Sanín enfrenta disputas legales por honorarios no remunerados tras desempeñarse como lobista en el proyecto de tren de cercanías Regiotram, valorado en 25.000 millones de pesos.

Las ventas del proyecto se realizó por mediación de la empresa Silk, según declaró Juan Pastor, representante de la firma española. A pesar de la venta, Pastor reconoció que la retribución económica para Sanín por sus casi cinco años de labor como intermediaria aún está en discusión.

Torrescamara y Sanín se encuentran en desacuerdo sobre los términos financieros y la existencia de un contrato. El asunto se ha llevado ante la justicia civil, en donde Sanín demanda el pago de una comisión que califica como acorde con su influyente aporte al proyecto.

Tras la venta del proyecto al ente gubernamental colombiano y la negativa de la empresa española a abonar los honorarios correspondientes, Sanín se trasladó a Madrid para negociar directamente con Juan Cámara, principal socio de Torrescamara.

En la reunión, se le informó sobre la situación económica desfavorable de la firma y que no existía un acuerdo formal sobre el monto adeudado. No obstante, la exministra sostiene que su trabajo no debe ser infravalorado y continúa su lucha legal para recibir la compensación financiera demandada.