En una reciente declaración a través de su perfil en la plataforma en X, “Antonio García” manifestó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque no depende del narcotráfico como fuente de financiación, ejecuta parte de sus operaciones con el objetivo de generar ingresos. Esta revelación ha suscitado una nueva atención sobre las actividades financieras de la organización guerrillera.
El ELN es la guerrilla más antigua de Colombia, ha estado históricamente involucrada en diversos mecanismos de financiamiento para sostener su lucha armada. La insinuación de García no especifica cuáles son las actividades utilizadas por el ELN para la obtención de recursos, pero subraya una distancia operativa con los métodos de financiamiento asociados con el narcotráfico.
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Estas declaraciones generan inquietudes sobre las estrategias económicas del grupo armado y sus posibles impactos en la seguridad y economía regional.
“Todas las estructuras del ELN tienen la orientación de realizar operaciones militares para conseguir finanzas, pues no nos financiamos del narcotráfico, somos una organización pobre como la mayoría de los colombianos y no nos avergüenza”, se observa en la publicación.
El ELN fue fundado en 1964 y, pese a diversos intentos de negociaciones de paz, aún persiste en algunas áreas de Colombia ejerciendo influencia. Su financiación ha sido motivo de especulación y análisis por parte de autoridades gubernamentales y organizaciones internacionales, especialmente por el papel que el narcotráfico juega en conflictos armados internos en la región.
La declaración de García podría suponer un punto de partida para futuras investigaciones o diálogos que busquen una desactivación del conflicto con este grupo armado.
A lo largo de los años, el grupo ha estado involucrado en secuestros, extorsiones, y ataques a la infraestructura petrolera como métodos de financiación. Si bien es prominente el rol del narcotráfico en la economía de grupos armados ilegales en Sudamérica, el reconocimiento por parte de García de que el ELN se beneficia indirectamente de estas actividades, aunque no las patrocine directamente, revela complejidades en el análisis de la financiación de la insurgencia en Colombia.
El Ejército de Liberación Nacional ha sido objeto de importantes incautaciones por parte de las autoridades del país. Se les han confiscado bienes valorados en más de 1.6 billones de pesos a individuos asociados con este grupo.
Adicionalmente, los operativos en contra de este grupo armado han permitido el decomiso de cerca de 1.422 millones de pesos en efectivo que están relacionados con diferentes fuentes de financiación.
La vinculación del ELN con el tráfico de drogas ha sido expuesta por datos de la Fiscalía y autoridades de Estados Unidos, a pesar de que la guerrilla ha negado tajantemente estas afirmaciones en diversas ocasiones.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha reportado que ciertos frentes de dicha guerrilla han participado activamente en la cadena productiva y comercial de la cocaína, y también se han beneficiado indirectamente mediante el cobro de impuestos y ofrecimiento de seguridad a negocios ilícitos.
Las actividades delictivas de este grupo armado ilegal también incluyen el secuestro y la extorsión, especialmente en las regiones fronterizas con Venezuela. Las víctimas principales suelen ser ganaderos, comerciantes y agricultores de departamentos como La Guajira, Arauca y Norte de Santander, esta actividad le deja a esta organización una recaudación estimada de 18.000 millones de pesos mensuales.
En zonas como el Catatumbo, el ELN ejerce control financiero sobre distintas actividades económicas incluyendo comercio, servicios de moto-taxi, préstamos ‘gota a gota’, contrabando de víveres y la producción de “pategrillo”, que es un combustible artesanal.
Así mismo, han sumado ingresos a través de la minería ilegal y la influencia sobre entes estatales y gobiernos locales y departamentales.
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