Ministro de Salud estaría a punto de ser acusado de desacato: Tribunal de Cundinamarca le dio tres días para plantear soluciones a la escasez de medicamentos en Colombia

El Ministerio de Salud y el Invima no habrían cumplido con la presentación del plan de urgencia para mitigar la escasez de medicamentos, que le solicitó a las autoridades el Tribunal de Cundinamarca al conceder una acción popular interpuesta ante la entidad.

Ahora, la autoridad judicial notificó que en tres días, de no cumplirse con el requerimiento que emitió el 30 de octubre, se iniciará desacato en contra de los funcionarios encargados de esas entidades. Es decir que se evaluarían sanciones por incumplimiento de una orden de un magistrado para entregar un plan de respuesta a la crisis de medicamentos en el país.

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“Previo a abrir incidente de desacato, se REQUIERE a los señores Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, y Director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Germán Velásquez Arango, para que en el término perentorio de tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia por estado, den cumplimiento a la orden impartida en el auto del 30 de octubre de 2023″, señaló el Tribunal de Cundinamarca.

La decisión fue emitida por la autoridad judicial el 17 de noviembre, un día después de que se venciera el plazo inicial concedido para entregar el plan de urgencia ante la situación. Aunque las entidades habrían contestado el requerimiento del Tribunal, no habría sido suficiente.

Según un auto del magistrado Luis Manuel Lasso, revelado por El Tiempo, la respuesta allegada por el Ministerio de Salud no realizó un diagnóstico de las causas de la problemática demandada, como tampoco se estableció el plan de urgencia por no contar con tareas, cronograma y actividades establecidas para atender la situación.

Para el magistrado, el Ministerio de Salud y el Invima entregaron un informe que pretendía desvirtuar la concesión de la medida cautelar de la acción popular, debido a que la situación venía desde el 2019 y no era atribuible al actual Gobierno nacional, así como que había otros actores que incidían en la disponibilidad de los fármacos para los pacientes del sistema de salud.

Aunque, de acuerdo con el medio citado, la Invima se comprometió a agilizar las solicitudes de medicamentos resaltadas por el Tribunal como estancadas, el auto del magistrado Lasso reprochó que solo se tuviera en cuenta 65 trámites de fármacos desabastecidos, pero no las 27.904 sin resolver, ni tampoco se indica el procedimiento que se realizará.

El Tribunal, en su decisión, agendó una audiencia para el 29 de noviembre a la que deberán asistir o conectarse virtualmente tanto el ministro Jaramillo como el director del Invima Velásquez, para hacer seguimiento al plan de respuesta urgente que deberían remitir en los próximos días.

Este proceso fue iniciado por una acción popular acompañada por la Procuraduría General de la Nación, luego de que el Invima emitiera un informe en el que señaló que de 377 medicamentos registrados en el país, 245 tienen algún tipo de riesgo de escasez.

En la primera decisión del Tribunal que ordenó establecer un plazo de 10 días para la presentación de un plan de urgencia, el Invima presentó un recurso ante el Consejo de Estado con el objetivo de que se tumbara las medidas cautelares. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

“De modo que, si no se satisfacen los requisitos de peligro en la mora y la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) El Despacho se releva de estudiar la proporcionalidad de la medida, dado que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, para asegurar la congruencia de la medida solicitada, estos presupuestos deben estar demostrados de manera concurrente”, señaló el Consejo de Estado en su decisión.