En una operación conjunta liderada por la Policía Fiscal y Aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Fiscalía General de la Nación, se ha ejecutado un contundente golpe contra el contrabando en Medellín.
Más de 14.000 millones de pesos en bienes, distribuidos en 13 establecimientos comerciales y 2 locales, ubicados en el popular sector de El Hueco, en el centro de la ciudad, que han sido objeto de una medida cautelar de extinción de dominio.
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Este operativo se inscribe dentro del ambicioso ‘Plan Choque Seguridad 360′, diseñado para erradicar el contrabando y la comercialización ilegal en la ciudad.
La acción, derivada de exhaustivas investigaciones anticontrabando realizadas por la Policía Fiscal y Aduanera, ha llevado a la Fiscalía General de la Nación a ordenar el embargo y secuestro de los derechos de dominio de los establecimientos señalados.
Durante el proceso de averiguación se logró la incautación de productos ilegales valuados en más de 6.000 millones de pesos. Este golpe no es un caso aislado, ya que marca la séptima operación de extinción de dominio en 2023, afectando a 101 propiedades con un valor total que roza los 186.205 millones de pesos.
El epicentro de esta batalla contra la ilegalidad se ha concentrado en El Hueco de Medellín, una zona conocida por el comercio informal y la venta de productos sin legalización.
Los establecimientos sometidos a la medida cautelar eran conocidos por sus prácticas ilícitas en el almacenamiento y venta de mercancías de contrabando. Con esta acción, se intensifica la lucha contra el mercado negro en una de las áreas más problemáticas de la ciudad, marcando un hito significativo en la erradicación de actividades comerciales al margen de la legalidad.
Los inmuebles de Los Chatas que están en extinción de dominio
La Fiscalía General de la Nación ha aplicado medidas cautelares sobre 55 bienes valorados en más de 18.500 millones de pesos pertenecientes a la organización criminal Los Chatas que opera en Medellín y Antioquia.
Dicha acción, que involucra la toma de control de apartamentos, casas, fincas y negocios adquiridos con ingresos ilícitos, marca un golpe significativo a las operaciones financieras del grupo delictivo.
Entre los afectados figura Wilmar Alexander Palacio Aguirre, alias Peluca, conocido como El rey del tussi por su rol central en la producción y distribución de drogas sintéticas.
En la acción dirigida por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, las propiedades intervenidas se encuentran en localidades como Bello, Dabeiba y Guarne, y se sospecha fueron adquiridas a través de actividades como la extorsión y el tráfico de drogas entre otros delitos.
Alias ‘Peluca’, quien ya se halla en prisión desde septiembre, enfrenta cargos de concierto para delinquir y otros ilícitos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administrará los inmuebles incautados, algunos de los cuales estarían a nombre de testaferros de Peluca.
La operación refleja la estrategia del gobierno denominada ‘Estrategia Argenta’, centrada en debilitar las estructuras delictivas a través de la incautación y extinción de bienes. El decomiso de activos busca impedir que los criminales continúen beneficiándose de sus actividades ilícitas, destacando la función crítica de entidades como la SAE y la Dirección Especializada en asegurar la ejecución de dichas medidas. Este tipo de operaciones son clave en la lucha contra el crimen organizado y sus fuentes de financiamiento.
Propiedades vinculadas a Los Yayas, Los Pitufos, Los Rangas y Los Mahecha
En una operación contra el narcotráfico en Bogotá, las autoridades han conseguido un impacto significativo mediante la ocupación de 16 inmuebles valuados en 10.000 millones de pesos. Estos bienes estaban vinculados a organizaciones criminales conocidas como Los Yayas, Los Pitufos, Los Rangas y Los Mahecha, especializadas en el comercio ilícito de estupefacientes en sectores sur y occidental de la capital colombiana. Este esfuerzo conjunto resultó en la aplicación de medidas cautelares y la extinción del derecho de dominio sobre las propiedades en cuestión.
Las acciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía, enmarcadas en la lucha contra bandas de narcomenudeo, se centraron en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, San Cristóbal, Fontibón, Bosa y Usaquén.
Las investigaciones y los allanamientos permitieron establecer que los inmuebles servían como puntos de almacenamiento y distribución de drogas ilícitas. Los funcionarios del ente acusador destacaron que “los elementos de prueba indican que los predios serían utilizados para almacenar y distribuir sustancias ilícitas en entornos escolares, parques y sitios de esparcimiento nocturno”.
En el transcurso de estas operaciones, se llevaron a cabo incautaciones de drogas sintéticas y alucinógenos, incluyendo ampolletas de fentanilo presumiblemente usadas para adulterar otras sustancias como el ‘tussi’ 2-cb. También se decomisaron cantidades de cocaína y marihuana, demostrando así el alcance del mercado ilícito manejado por estos grupos delictivos.
Se estableció además que “en el curso de la investigación penal contra las mencionadas organizaciones delincuenciales, las autoridades incautaron en los bienes distintas cantidades de fentanilo, 2-cb, cocaína y marihuana, entre otras sustancias ilegales”.
Finalmente, tras las diligencias de investigación y allanamiento, los inmuebles relacionados a las bandas Yayas, Pitufos, Rangas y Mahecha quedaron sometidos a “medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro”, según indicó una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Las propiedades ahora serán gestionadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), reafirmando la utilidad del decomiso de activos como herramienta clave en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.
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