
El senador de la República Gustavo Adolfo Moreno Hurtado hizo una grave denuncia en los últimos días e, incluso, la compartió en sus redes sociales, tal como lo relató que actualmente cerca de veinte mil personas fallecidas en el país reciben un subsidio por parte del Departamento de Prosperidad Social.
En un debate de control ante el Congreso de la República, la dirigente de la entidad, Laura Camila Sarabia Torres, respondió a las acusaciones.
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“Son más de 3.000 millones de pesos que les han pagado a más de 20.000 fallecidos que hoy están recibiendo un subsidio del Departamento de Prosperidad Social, es muy grave, son recursos que se están destinando a personas que hoy no están”, afirmó el senador.
Moreno, además, mencionó que en los informes se revela que estos dineros se están entregando subsidios de los cinco programas a personas pensionadas, contratistas de alcaldías que no necesitan ningún tipo de ayuda, o quienes según el puntaje que tienen en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) no deberían recibir este tipo de ayudas.
Por todo esto le solicitó a Laura Sarabia que durante su gestión se haga entre de los beneficios a quienes realmente lo necesitan y respetando las fechas acordadas, por lo que solicitó la reorganización de “los puntajes de muchas personas hoy que no merecen estar acá, que no merecen estar dentro de un programa social”.
Al culminar el pronunciamiento del Senador, la directora de Prosperidad Social no desmintió la información dada y afirmó que se están poniendo en marcha medidas para que quienes reciban los subsidios y ayudas del Gobierno nacional realmente lo necesiten.
Laura Sarabia finalizó su pronunciamiento, postulándose como veedor de los programas de la entidad en ciudades y en los territorios para evitar situaciones como la denunciada. Y mencionó que van a adelantar unas mesas de la mano de la Registraduría Nacional, la Fiscalía General y el Ministerio de Salud.
Prosperidad Social se pronuncia tras acusaciones de supuestos pagos a fallecidos

Luego de conocerse la versión del senador, el Departamento de Prosperidad Social emitió un comunicado en el que informó su posición frente al tema. Según el texto de la entidad, la Contraloría comunicó siete indagaciones preliminares relacionadas con hallazgos de pagos a beneficiarios fallecidos, luego de las auditorías financieras adelantadas entre 2021-2022 del gobierno anterior.
“A la fecha, el ente de control ha emitido comunicación de archivo para 2 de ellas, dado que se demostró que no hubo daño patrimonial para el Estado, ya que las evidencias dan cuenta del cumplimiento de las reglas establecidas por los programas para detectar fallecidos”, dice el escrito.
Además, señaló que las demás investigaciones están abiertas por la Contraloría General sustentada en los soportes que ha entregado Prosperidad Social. “Continuará atendiendo los requerimientos para demostrar que efectivamente no se llevaron a cabo pagos a beneficiarios fallecidos, toda vez que se aplican diferentes controles como los cruces de bases de datos de supervivencia previos a la liquidación”.
A su vez, explicó que desde el cambio de administración se ha establecido una política de transparencia, destacando acciones como las mesas técnicas con el Departamento Nacional de Planeación, gracias al Registro Social de Hogares; se establecieron mesas técnicas con la Registraduría, la Fiscalía General, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, para cruzar las bases de datos con cada uno de los criterios previamente establecidos.
“Prosperidad Social tiene plena disposición para trabajar de manera articulada con los alcaldes y gobernadores electos y seguir avanzando de manera eficaz en la implementación de los programas en beneficio de las comunidades”, finalizó la entidad.
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