
Tras la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, por el ELN, el ministro del Interior Fernando Velasco dijo en rueda de prensa que si se le exigía al grupo guerrillero que dejara de secuestrar, había que buscarle una solución para que se sostuvieran económicamente.
”No es excusa el secuestro, pero también tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal, que vive de acciones ilegales, que deje de hacerlas, hay que buscar una solución para ver de qué van a vivir”, dijo Velasco.
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Las afirmaciones del ministro no fueron bien recibidas por algunos sectores del país y uno de los primeros en ripostar y sostuvo que el ministro está justificando a los criminales en vez de a las personas necesitadas del país.
“El ministro Velasco se convirtió en un validador del crimen. ¿Cómo es posible que este Gobierno esté pensando, de manera desesperada, en reemplazar las rentas criminales al ELN, en vez de pedirle que reparen a las víctimas y que liberen a todos los demás secuestrados?”, dijo el fiscal Barbosa en diálogo con la revista Semana.
Según le dijo el fiscal al medio citado, el ministro del interior debe disculparse con el país porque su función desde la cartera que dirige es velar por el bienestar de los colombianos y no tratar de justificar a un grupo que secuestra, extorsiona y perjudica a las poblaciones del país.
“Hoy hay millones de colombianos en situación de vulnerabilidad que esperan que el Gobierno les dé la mano y los ayude, y la respuesta es que hay que ayudarle al ELN porque de qué van a vivir. El ministro del Interior le debe una disculpa al pueblo colombiano. En lugar de ayudar a las víctimas y a los pobres, se pone del lado de los criminales, buscando financiarlos”, concluyó Francisco Barbosa.

A raíz del secuestro del papá de Luis Díaz el fiscal general también cuestionó los procesos de paz que adelanta el Gobierno nacional con los distintos grupos armados en el marco de la paz total.
Antes de la liberación de Mane Díaz, Barbosa dijo que desde la Fiscalía estaban trabajando en la identificación y judicialización de los captores y las personas que habían participado en el secuestro, de paso le lanzó un dardo a Gustavo Petro por cumplir las pretensiones de algunos grupos criminales de quitar la Fuerza Pública de los territorios.
“Es bueno que le pregunten al Gobierno por qué están secuestrando a la gente, la Fiscalía General de la Nación investiga, pero lo que no puede ocurrir es que sigan secuestrando, y tampoco puede ocurrir que retiren a los agentes de la Policía de los municipios, lo que tampoco puede ocurrir es que el ejército no esté haciendo efectivas las órdenes de capturas en las zonas rurales”, dijo Barbosa en rueda de prensa.
Según el director de la Fiscalía, desde el poder judicial han emitido más de 300 órdenes de captura contra asesinos de líderes y lideresas sociales, de actores políticos, de firmantes del proceso de paz de 2016 y reincorporados.

Sin embargo, Barbosa sostuvo que el Gobierno nacional con sus procesos de paz le está dando licencia para delinquir a los grupos armados.
“El poder Ejecutivo lo que ha venido haciendo es defender la criminalidad, lo que hoy vemos es que el ejecutivo ha enarbolado al apegarse a estructuras criminales en el marco del proceso de paz, una paz que entre otras cosas es ‘una paz criminal”, concluyó el fiscal Francisco Barbosa.
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