Ante el posible incumplimiento del Estado Colombiano a las garantías de verdad, justicia y reparación por el caso del estudiante Luis Fernando Lalinde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La historia se remonta a 1984, cuando un estudiante de sociología, militante del Partido Comunista e integrante del Ejército Popular de Liberación (EPL), desapareció sin explicación un 3 de octubre, estando a punto de concluir sus estudios y graduarse.
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Según lo que indicaron los testimonios recolectados por la Cidh, el joven estudiante habría sido arrestado y posteriormente desaparecido por un grupo de militares del Batallón Ayacucho, en la vereda Verdún, en el municipio de Jardín (Antioquia).
La Comisión reseñó que por el caso, la CIDH emitió un exhaustivo informe el 16 de septiembre de 1988, en el que exigió al Estado investigar los hechos que rodearon la muerte de Lalinde, así como identificar a los responsables para ser enjuiciados por los actos. El pedido también radicaba en evitar que los macabros hechos ocurrieran de nuevo.
En noviembre de 1999, la Comisión Colombia de Juristas (CCJ) hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en la que planteó una solicitud conocida como la petición 12.362.
En esta solicitud, la CCJ alegó que el Estado era responsable de no garantizar el acceso de los familiares de Luis Fernando Lalinde a un recurso adecuado y efectivo que permitiera llevar a cabo una investigación, juicio y sanción de los responsables de la detención y homicidio de Lalinde.
La comisión agregó que el caso de Lalinde significó una incansable una batalla para la familia de Luis Fernando, sobre todo para Fabiola Lalinde, su madre, quien lamentablemente falleció en marzo de 2022, cansada de pedir justicia y verdad.
Ahora, con el caso en manos de la Corte IDH, la CCJ, que lleva el caso de Lalinde, espera un avance en que el Estado asuma la responsabilidad en el caso histórico y se emita una reparación integral a la familia de Luis Fernando, que luego de 39 años de su desaparición, siguen esperando justicia.
“Desde la Comisión Colombiana de Juristas esperamos que la Corte IDH condene al Estado colombiano y determine su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos, a la integridad personal y a las garantías y protección judiciales, y que se ordene una reparación integral que responda a las particularidades de su caso y a la estigmatización y persecución que sufrieron las y los familiares en el proceso de búsqueda de su ser querido”, ´puntualizó la misiva.
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