Luego de una compleja jornada electoral, en la que en diferentes puntos del país se presentaron hechos de violencia y de violación al derecho al voto, la Fundación Lazos de Dignidad (FLD) denunció públicamente las repercusiones que ha tenido que enfrentar la población en reincorporación, específicamente en La Guajira.
En la denuncia, la fundación recuerda la destrucción de tarjetones por parte de personas que irrumpieron en el Colegio Calixto Maestre del municipio Fonseca. Además de esto, más del 70% de los firmantes de paz habilitados para votar fueron asignados a un puesto ubicado en el corregimiento de Conejo.
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No obstante, en este lugar también se presentó una situación de seguridad que, al parecer, no fue atendida por las autoridades porque, de acuerdo con la denuncia, no hubo presencia de efectivos de la fuerza pública en la zona de votación en “ningún momento del día”.
Después de las situaciones de orden público que terminaron poniendo en riesgo el proceso electoral, la población en reincorporación ha sido blanco de amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones. La fundación asegura que la persona responsable de estas intimidaciones es el alcalde de Fonseca, Hamilton García.
De acuerdo con la denuncia, la situación de los firmantes de paz en Colombia es crítica, debido a que se ha registrado un aumento de la persecución y estigmatización en su contra, lo cual, aseguran, ha impedido que se adelanten los procesos de reincorporación de manera integral.
Las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) evidencian que en lo corrido de 2023, 37 excombatientes de las extintas Farc han sido asesinados en Colombia. El dato alcanza los 401 asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
El último firmante de paz que perdió la vida a manos de la violencia fue Cenober Aguiar Mayor, que estaba adelantando un proceso de reincorporación en Tolima. Fue asesinado en la madrugada del 29 de octubre de 2023, día en que se llevaron a cabo las elecciones regionales; hombres armados llegaron a la vereda El Diamante, ubicada en San Antonio (Tolima), donde se encontraba departiendo con dos personas más, y lo atacaron.
En ese sentido, solicitaron al presidente Gustavo Petro tomar medidas “urgentes” para hacer frente a las situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas excombatientes, sobre todo, de aquellas que habitan en La Guajira. Asimismo, pidió a la Fiscalía adelantar una única línea de investigación que integre todos los hechos violentos consumados de los que han sido víctimas los firmantes de paz.
Se incluye la revisión de medidas de protección de las personas del colectivo del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Amaury Rodríguez, de las personas que ejercen liderazgos dentro del proceso de reincorporación y de los que participaron en los comicios como candidatos.
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